Con el fin de que el Ministerio de Energía y Minas cuente con financiamiento para ejecutar medidas de mitigación ambiental por peligro inminente y riesgo de desastre derivadas del incumplimiento de planes de cierre de minas, la Comisión de Energía y Minas aprobó el dictamen que se sustenta en los proyectos de ley 11538/2024-PE y 12657/2025-CR.

La medida fue aprobada durante la novena sesión ordinaria de esta comisión, que preside el congresista Víctor Cutipa Ccama (bancada JP-VP-BM). Obtuvo 16 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención.

De acuerdo con el análisis de la norma propuesta, “resulta necesario habilitar legalmente la intervención del Ministerio de Energía y Minas en la ejecución de las medidas de mitigación o a encargar su ejecución, respecto a los impactos ambientales generados, por el incumplimiento de los planes de cierre de minas (…)”.

Con esta propuesta, se agiliza “la ejecución de dichas medidas, incluyendo las relacionadas con el cierre de componentes mineros, cuyos planes de cierre han sido declarados incumplidos por la Dirección General de Minería y que también requieren una pronta atención, debido a los impactos ambientales generados a los cuerpos de agua y la salud de las personas”.

Se afirma, además, “(…) que el no tratamiento de los pasivos ambientales mineros constituye uno de los principales problemas estructurales en la gestión ambiental del país, con efectos graves y multidimensionales”.

El dispositivo legal aprobado contiene 11 artículos y 3 disposiciones complementarias finales.

INTERÉS NACIONAL
De inmediato, se aprobó -por unanimidad (17 votos)- el dictamen que propone declarar de interés nacional la declaratoria de emergencia ambiental y sanitaria por contaminación en las zonas afectadas del distrito de Huarmey en Áncash.

La iniciativa legislativa se sustenta en el Proyecto de Ley 11497/2024-CR, cuyo autor es el parlamentario Darwin Espinoza Vargas (bancada PP).

En su artículo único se establece que deben priorizarse “acciones orientadas a la evaluación, prevención, tratamiento, descontaminación y remediación de los impactos generados por la presencia de metales pesados, en protección del ecosistema, el ambiental y la salud de la población, conforme a lo dispuesto en la Ley 32106” (Ley de Declaratoria de Emergencia Ambiental).

Luego, se aprobó, por unanimidad (16 votos), el dictamen que propone declarar de interés nacional la construcción y operación de una planta industrial de sulfato de potasio en el país, que se sustenta en el Proyecto de Ley 5609/2022-CR, cuyo autor es el congresista Alfredo Pariona Sinche (bancada BS).

En su artículo único se declara que su finalidad es “mejorar la productividad de la agricultura y reducir los costos de los fertilizantes, mediante la producción industrial de sulfato de potasio extraído de minerales no metálicos (…)”.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL