La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside Lady Camones Soriano (bancada APP), aprobó esta tarde, en su décimo primera sesión extraordinaria, cinco informes de calificación que declaran improcedentes sus respectivas denuncias.

La primera es la Denuncia Constitucional 517, formulada por el congresista Juan Burgos Oliveros (bancada PP), contra la expresidenta de la república Dina Boluarte Zegarra y contra el expresidente del Consejo de ministros Gustavo Adrianzén Olaya, por presunta infracción constitucional.

Se les acusó de haber limitado el derecho fundamental a la negociación colectiva de los trabajadores del sector público. Obtuvo 9 votos a favor, 3 votos en contra y cero abstenciones.

La segunda es la Denuncia Constitucional 657, que fue formulada por el congresista Edwin Martínez Talavera (bancada AP), contra la expresidenta de la república Dina Boluarte Zegarra y los exministros de Estado Raúl Pérez Reyes y César Sandoval Pozo, por presunta infracción constitucional y la posible comisión de los delitos de colusión simple y agravada, negociación incompatible y aprovechamiento indebido de cargo.

Se les acusó de haber aprobado el Decreto Supremo 015-2025-MTC, mediante el cual se aprueba el texto de la adenda 5 del contrato de concesión del Terminal Portuario de Matarani, que extiende la concesión por 30 años adicionales. Obtuvo 9 votos a favor, 3 votos en contra y cero abstenciones.

La tercera es la Denuncia Constitucional 659, formulada por el ciudadano Percy Baldeón Ferrer, contra el fiscal supremo Juan Carlos Villena Campana, por presunta infracción constitucional y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, encubrimiento real y prevaricato/fallo o dictamen ilegal.

Se le acusó de un supuesto encubrimiento, así como la existencia de un trato diferenciado, distorsión de hechos, y una presunta obstrucción de la justicia en torno a una actuación fiscal determinada. Obtuvo 10 votos a favor, 1 voto en contra y cero abstenciones.

La cuarta es la Denuncia Constitucional 660, formulada por el expresidente de la república Pedro Castillo Terrones, contra los congresistas Patricia Juárez Gallegos, Eduardo Castillo Rivas, Manuel Revilla Villanueva, Alejandro Soto Reyes, Eduardo Salhuana Cavides, Jorge Montoya Manrique, Alejandro Muñante Barrios, Norma Yarrow Lumbreras, Adriana Tudela Gutiérrez y José Williams Zapata, por presunta infracción constitucional y la posible comisión de los delitos de omisión de actos funcionales, encubrimiento real, omisión de denuncia y obstrucción de la justicia.

Se declara improcedente porque no cumple con el requisito del literal a) del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República. Obtuvo 8 votos a favor, 3 votos en contra y cero abstenciones.

La quinta es la Denuncia Constitucional 668, formulada por el ciudadano Percy Baldeón Ferrer, contra el fiscal supremo Juan Carlos Villena Campana, por presunta infracción constitucional y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, encubrimiento real y prevaricato.

Se le acusó de haber confirmado el archivamiento de una denuncia fiscal realizada por un fiscal superior, lo que habría generado una supuesta apariencia de cosa decidida que, a su vez, habría afectado otra investigación en curso. El informe fue aprobado por unanimidad: 10 votos.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL