El congresista Juan Sheput sostuvo que “hay una campaña tendiente a medrar la imagen del Poder Legislativo, pretendiendo hacer creer a la opinión pública que en el recinto parlamentario se está maltratando a la ministra de Educación, Flor Pablo, por el hecho de ser interpelada, en su intervención en el hemiciclo parlamentario.

          Manifestó que la interpelación es una herramienta democrática que utiliza el Parlamento a fin de cumplir con su función de control político y de fiscalización, pero anotó que hay gente interesada, entre ellas las que representan a las ONG, que quieren un debate entre parlamentarios y difundir las imágenes de enfrentamientos entre congresistas.

        “Aquí no se maltrata a nadie. Lo que pasa es que cuando se investiga algo para descubrir la realidad, comienza la campaña distorsionadora en contra del Parlamento debido a que se está afectando sus cuestionados intereses que buscan que la educación siga encontrándose en la situación actual”, remarcó.

       Reiteró que son las ONG las que pretenden llevarnos a un debate para sacar ventajas para beneficio de sus propios intereses, sin importarles  que la educación se encuentra así desde años. Estas corrientes sistemáticamente hacen ingresar el enfoque de género para ocasionar problemas, afirmó el congresista.

       Sheput fue uno de los congresistas que intervinieron luego que la titular del MINEDU diera respuesta a las preguntas del pliego interpelatorio. El congresista recordó que tuvo la oportunidad de hablar con cuatro ministros de Educación quienes le prometieron realizar cambios para la superación de la educación en bienestar de los escolares, “pero no hicieron nada y ya vemos los resultados”.  

        Dijo que ese es el problema y subrayó que sería oportuno hablar en estos momentos de lo conveniente que es una educación inclusiva, educación con infraestructura escolar y otros puntos importantes para la educación de escolares.

        Julio Rosas Huaranga (No A), a su vez, conceptuó que la igualdad de género tiene que ver sobre la base de  valores. Luis Yika (Perú 21) subrayó que la educación busca resolver los problemas álgidos que enfrenta la sociedad. Consideró que la actual ministra está responsabilizándose  de la mala gestión de anteriores ministros.

           Manifestó que el embarazo adolescente alcanza un 14% de la población escolar femenina, lo cual es preocupante y se tiene que resolver para bien de la familia y de la sociedad. Exhortó a la Representación Nacional a realizar un trabajo articulado y de seguimiento al trabajo que realice la  ministra de Educación.

            Por su parte, Paloma Noceda (AP) informó que su bancada ha presentado una denuncia constitucional contra al exministro de Educación Daniel Alfaro, porque  considera que durante su gestión se editaron los textos escolares con los errores garrafales Señaló que a él se le pidió transparencia en el proceso de reedición pero no hizo nada en forma negligente.

            Pidió que se pase dos vídeos en los cuales el presidente Vizcarra sostiene que los errores en los textos escolares son graves e imperdonables; lo mismo señala el presidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar, y la actual ministra indica que el enfoque de género también aplica el derecho a la diversidad.

           En el 2018 las autoridades del Ministerio de Educación se arriesgaron a reeditar los textos escolares, pero salieron con errores garrafales que contienen citas que tienden a fomentar el aborto, la aberración sexual, la violencia sexual y social.

           Tamar Arimborgo (FP) estimó en su intervención que el ministerio de Educación ha elaborado un plan de política pública contra la educación, la destrucción de la familia, la destrucción de la inocencia de las niñas. Culpó a los expresidentes de la República Ollanta y Kuczynski como autores de toda la pésima situación en que se encuentra la educación.

OTRAS INTERVENCIONES

            El legislador Alberto Quintanilla, de la Bancada Nuevo Perú,  expresó que la violencia se ejerce fundamentalmente contra las mujeres y que en la actividad social y política, que debe ser de igualdad, se mantiene la desigualdad.

            “Aquí debe haber por lo menos 65 congresistas, pero estamos lejos de ello, dijo. Se plantea que  los niños y niñas tengan derechos reconocidos, conciencia de ellos y los defiendan, se plantea que  todos tengan iguales derechos,  sin exclusiones.

            “Es una realidad que existe minorías sexuales, son parte de la naturaleza humana y tenemos que respetarlas en sus derechos. Nuestros niños no es que se vayan a convertir en homosexuales porque se les  eduque de una u otra manera”, afirmó Quintanilla.

            El Perú, comentó, es visto como un ejemplo de cómo combatir la corrupción, pero es el sistema el que la propicia. La negociación  del presupuesto nacional  hace  proclive a la corrupción.

            “También  hay congresistas que  lamentablemente han incurrido en el  sistema doloso, pues para aprobar una obra  los alcaldes tienen que buscar un intermediario y muchos congresistas negocian con los ministerios o  con el poder central, esta es una práctica deplorable”, afirmó.

            Esas prácticas, agregó el congresista, son posibles  por un manejo centralista del país que pretendemos defender a rajatabla al igual que  la inmunidad. Se ha generado una práctica vergonzosa de “otorongo  no come otorongo” y  muchos congresistas están siendo blindados por este Congreso, advirtió.

            Por su parte, el representante de Alianza Por el Progreso (APP) César Vásquez, hizo referencia a las graves deficiencias del sistema educativo,  especialmente en las regiones del  interior del país. Grave crisis educativa que hay que solucionarla.  “Desde  APP estamos de acuerdo con la interpelación con altura y respeto,  no llevada con odios ni ideologías, ni aprovechamiento político”, aclaró.

            Dijo que su bancada cree definitivamente que  esta interpelación no debe acarrear la posibilidad de una censura; los errores no son responsabilidad de la ministra (Flor Pablo),  son errores recibidos de antecesores y reconoció que se han tomado acciones correctivas a corto plazo  y sanciones a los responsables por tremendas aberraciones encontradas en los libros de texto.

            Gino Costa Santolalla, vocero de la Bancada Liberal, recordó por su parte, que este tema ya fue abordado en la Comisión de Educación y que la ministra Flor Pablo ya ha tomado procesos administrativos disciplinarios, incluso se ha llevado al Ministerio Público el caso para ver si ello constituye un delito.

            Dijo que la ministra ha anunciado la revisión integral de los textos cuestionados con un equipo  que trabaja a futuro  para evitar  que vuelva a suceder, pero la interpelación no está referida solo a ello, sino es  un cuestionamiento a la  igualdad de hombres y mujeres.

            El congresista señaló que desde el año 2004  se empezó a ponerse en práctica la política de género, los antecedentes incluso  son anteriores.  “En la Convención de las Naciones  Unidas (1981 y 1982),   nos comprometimos como país a un enfoque de género.

          La Convención de Belém do Pará estableció por primera vez el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Recientemente, en los años 1995 y 1996 se suscribieron compromisos con el objetivo del milenio sostenible que en su punto cinco se compromete a trabajar por la igualdad de género.

            Hay derecho a criticar este enfoque, preguntó; seguro que sí –dijo- , pero no a maltratar, censurar  a ministros y sabotear la educación nacional en perjuicio de los niños y niñas del país. Hay que evitar el abuso de poder de este Congreso para hostilizar e impedir que saque adelante  la gestión educativa.

PRENSA CONGRESO