Un equipo de funcionarios del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, brindó a la Comisión de Energía y Minas una información detallada sobre el por qué no se aprobaron las Modificaciones del Estudio Impacto Ambiental (MEIA) del Terminal Portuario General San Martin (TPGSM), que pretendía desarrollarse en la Reserva Nacional de Paracas.

Como se sabe, el 27 de julio último Senace emitió la Resolución Directoral 00073, con la cual desaprueba la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto “Terminal Portuario General San Martín – Pisco”, presentado por la empresa Terminal Portuario Paracas S.A., en el marco del proceso “IntegrAmbiente”, y da por concluido el proceso.

El presidente ejecutivo de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, Alberto Barandiarán Gómez, señaló que, en todo el proceso iniciado en noviembre de 2019, recibieron las opiniones vinculantes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) y la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura de Senace.

La empresa portuaria no pudo resolver las observaciones de todas estas entidades vinculantes, entre las que se encuentran “medidas de manejo ambiental no acordes respecto al impacto del ruido generado por la circulación de camiones para el transporte de concentrados de minerales”.

“Incongruencia de datos del Modelamiento de Vertimientos, lo que no permite determinar el efecto del vertimiento sobre el cuerpo receptor”; y, fundamentalmente, el proyecto no contaba “con medidas para asegurar el principio de sostenibilidad en el ecosistema de la Bahía de Paracas”.

Los congresistas Julia Ayquipa Torres (Frepap), Manuel Aguilar Zamora (AP), Mariano Yupanqui Miñano (SP) y la titular de la Comisión, Yessica Apaza Quispe (UPP), saludaron la presencia y los resultados ofrecidos por Senace. Seguidamente Apaza Quispe consultó si, una vez denegadas las MEIA del puerto de Paracas, la empresa podría recurrir a otra instancia

La respuesta que obtuvo fue que la empresa portuaria tiene derecho a la apelación en una segunda instancia en el propio Senace, y, por otro lado, recurrir al Poder Judicial. Barandiarán informó que, hasta el momento, ninguna resolución de su dirigida ha sido impugnada por los interesados, los mismos que después de pasado un tiempo, y de acuerdo a ley, pueden solicitar un nuevo proceso de Estudio de Impacto Ambiental.

Espinar

Como segundo tema de agenda, la Comisión de Energía y Minas atendió, mediante la línea telefónica, a los representantes del gobierno regional y de la sociedad civil de Espinar, en el Cusco, en torno a la conflictividad social vinculada a las áreas de influencia minera de Glencore, quien explota el yacimiento de Antapaccay.

Para ello, se había citado al secretario de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Eddy Ormeño Caycho, y a la Alta Comisionada de la PCM para el Diálogo y el Desarrollo en el Corredor Vial Sur, Paola Bustamante Suarez, quienes postergaron su presencia para una próxima sesión.

La congresista Matilde Fernández Florez (SP) sintetizó las demandas de la población de Espinar a la petición de un monto de 50 millones de soles que la empresa debería entregar para repartir mil soles como “un bono extraordinario a cada elector”.

Si bien es cierto, dijo, que el convenio marco suscrito entre la empresa y la población está orientado a la inversión de proyectos, debido a la pandemia pidió que la minera, de alguna manera, cumpla con su responsabilidad social.

La representante de la región Cusco solicitó la mediación de la Comisión para exigir al Ejecutivo que tome cartas en el asunto.

En función de ello, la vice gobernadora del Cusco, Delia Condo Salas, encargada del gobierno regional, pidió que se reformule y actualice el Convenio Marco, para que dichos fondos se entreguen a la población, pues por derecho, les corresponde.

Denunció que dicho Convenio no ha proporcionado “un solo proyecto concreto”, y exigió la participación activa de las comunidades en el proceso de consulta previa para la ampliación de Antapaccay.

El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Espinar, Rolando Condori, pidió a los miembros de la Comisión emplazar a la PCM a constituir la mesa de diálogo, y cesar los abusos que las fuerzas del orden han hecho contra los pobladores de Espinar.

Por su parte, el congresista Lenin Checco Chauca (FA) solicitó que la Comisión elabore una moción para exhortar al Ejecutivo a hacerse presente en la zona y solucionar el conflicto, diversos legisladores, como Carmen Omonte Durand (APP) y María Bartolo Romero (UPP), se adhirieron a la propuesta.

Finalmente, el parlamentario Checco Chauca también solicitó que los miembros de la Comisión se apersonen a Espinar para calmar los ánimos de la población, debido a que la crisis se agudiza cada vez más ante la res abusiva de las fuerzas del orden.

Aprueban DU

En su tercer punto de agenda, la Comisión de Energía y Minas aprobó, por unanimidad, el dictamen recaído en el Decreto de Urgencia 035-2019, que modifica la vigencia del encargo establecido en la única disposición transitoria de la Ley nro. 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético.

El dictamen se basa en el informe elaborado por la Comisión Permanente declara que no existe causal de inconstitucionalidad en su emisión, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado.

Lima, 29 de julio de 2020

PRENSA-CONGRESO