El proyecto de ley que propone regular el saneamiento fisco-legal de los bienes inmuebles del sector de educación destinados a instituciones educativas públicas quedó en cuarto intermedio para ser debatido nuevamente.

Fue luego de que el presidente de la Comisión de Educación, Reymundo Dioses Guzmán (SP), se acogiera al pedido de varios legisladores, quienes plantearon mejorar la propuesta.

La propuesta recaída en los proyectos de ley 2507 y 3691 que tienen por finalidad dictar medidas necesarias para dinamizar la facultad del Ministerio de Educación y de las direcciones regionales de educación para realizar el saneamiento físico-legal de los bienes inmuebles de propiedad del Estado, adquiridos, donados, construidos, ampliados, independizados o rehabilitados por instituciones públicas o privadas.

Dioses Guzmán señaló que a la fecha aún existen cerca de 35 mil instituciones educativas a nivel nacional que no tienen saneamiento físico legal que impide que el Estado pueda invertir en la mejora de su infraestructura, equipamiento, dotación de laboratorios, etc.

Agregó que la propiedad del predio, en el que se ubican estas instituciones educativas, no está a nombre del Estado, lo que impide que el proyecto de mejora sustancial de los colegios o reparación de los mismos, que se encuentran en estado ruinoso que se presentan en el Pronied, no avancen, siendo este un requisito esencial para que se autorice la aprobación de dichos proyectos.

“En el departamento de Piura, en la provincia de Talara, el 90 % de las instituciones educativas existentes no cuentan con saneamiento físico legal, esto sucede también en Arequipa, Lambayeque, La Libertad, Cusco, Cajamarca, Ayacucho y demás departamentos de nuestro país”, sostuvo.

Por su parte, el legislador Juan Carlos Oyola Rodríguez (AP) agregó que las instituciones educativas en riesgo de colapso requieren intervención que ameritan la demolición de más de 70% de infraestructura existente y, como consecuencia de ello, la construcción de infraestructura nueva; lo que implica su programación en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y gestión de inversiones y con ello la necesidad de contar con el saneamiento físico-legal del área en cuestión conforme lo dispone el referido sistema.

Por su parte, el legislador César Combina (APP) solicitó se incorpore una disposición complementaria a fin de las escuelas de las comunidades nativas y campesinas puedan ser también beneficiadas.

“Producto de este entrampamiento son muchos los pueblos que se quedan sin tener una escuela, una infraestructura pública. No nos gustaría que muchos peruanos que están viviendo en territorios comunales nativos y campesinos se queden sin la aplicación de esta norma”, precisó.

La tercera vicepresidenta del Congreso, Matilde Fernández Florez (SP), señaló en su intervención que el 52 % de las instituciones públicas no cuentan con los requisitos para mejorar su infraestructura, por lo que con la aprobación de la ley se hará todo lo necesario para que esos espacios sean reconocidos legalmente por el sector educación.

A su turno, la congresista Martha Chávez Cossio (NoA) planteó que en los dictámenes se incorpore la obligación de que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que está a cargo del Ministerio de Justicia, informe a la Comisión de Fiscalización, Comisión de Educación y a los sectores concernientes, respecto de la labor que realizan en defensa de los intereses del Estado en el tema de saneamiento físico-legal.

“No solamente en torno al saneamiento físico-legal de inmuebles, en el sector educación hay problemas, esto atraviesa a todo el Estado y no solo ocasionan problemas para el adecuado financiamiento de la mejora de la infraestructura, sino implica gravísimos actos de corrupción. Hay interés que tienen algunos sectores de realizar un adecuado saneamiento físico-legal de su patrimonio, pero hay intereses que se sobreponen”, puntualizó.

Lima, 20 DE MAYO DE 2021

PRENSA-CONGRESO