En los últimos 17 años se han transferido a los gobiernos regionales 191 mil millones de soles por concepto de canon, lo que significa seis a siete veces lo necesario para cerrar la brecha de infraestructura en todo el territorio, informó un representante del Ministerio de Economía Finanzas (MEF) a los miembros de la Comisión de Energía y Minas, que preside la congresista Yessica Apaza Quispe (UPP).

El dato fue ofrecido por el director general de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal del MEF, Alex Contreras Miranda, como respuesta a una inquietud del congresista Raúl Machaca Mamani (Frepap), quien sostuvo que el canon y las regalías mineras no contribuyen con el cierre de brechas en las comunidades alejadas del interior del país.

“Los recursos se centralizan en las grandes ciudades, y no llegan a las poblaciones rurales”, señaló el parlamentario. “Se habla de diez mil millones, y los conflictos sociales se incrementan. Qué está pasando», se preguntó.

Sobre el punto, el congresista Betto Barrionuevo Romero (Somos Perú) sugirió al representante del MEF trabajar, conjuntamente, un proyecto de ley que priorice la inversión en salud, educación y agricultura, “un proyecto que tenga ese enfoque exclusivo, pues el Estado debe aprender a priorizar los gastos”.

Al respecto, Conteras Miranda respondió que había que recordar la autonomía de los gobiernos regionales. “Ellos deben priorizar cuáles son las inversiones que deben resolver. Es cierto que ha habido un uso no eficiente de los recursos, pero esa propuesta choca contra la norma establecida a nivel constitucional”.

Más bien, continuó, a propósito de la emergencia nacional provocada por el COVOD-19 y los recursos que tienen los gobiernos regionales, el MEF trabaja junto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República un dispositivo legal para flexibilizar el uso de dichos recursos en el actual contexto.

La norma que se busca preparar y consensuar garantizaría un mínimo de inversión con recursos del canon en las comunidades aledañas a los centros mineros con participación de la Contraloría General de la República, no solo en Proyectos de Inversión Pública que permitan cerrar brechas de infraestructura, sino también en acciones de mantenimiento y estudios de pre inversión.

Para su cuarta sesión ordinaria, la Comisión tenía prevista la presencia de la titular del MEF, María Alva Luperdi, quien no pudo asistir, para tratar la situación actual de las regalías y el canon minero; las acciones respecto al Fondo Minero e incentivos para su formalización; actividades de pequeña minería y mineral artesanal; medidas previstas por FONAFE para asegurar el financiamiento de las empresas del Estado.

Canon y regalías
El director general de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal del MEF, Alex Contreras Miranda, expusó sobre el esquema fiscal minero a junio de 2020 e informó que para la producción minera representa en promedio el 12, 1 % del Producto Bruto Interno (PBI) y en el 2019 han brindado 40 500 millones de soles.

Conteras manifestó a los miembros de la Comisión que el nuevo esquema fiscal minero está compuesto por la nueva regalía minera, el impuesto especial a la minería (IEM), el gravamen especial a la minería (GEM), y en el caso de regalía de hidrocarburos se establece en cada contrato de concesión de acuerdo con el artículo 45 de la ley de Hidrocarburos.

Se busca maximizar los ingresos del gobierno nacional y mantener la competitividad del sector que se ha expandido de manera relevante en los últimos años. Dicho esquema está diseñado para el largo plazo y respeta la seguridad jurídica y el sistema existente. A ello se suman el resto de tributos regulares y aportes propio del sector.

En cuanto a la recaudación, el funcionario informó que para el año 2019 el nuevo esquema minero había contribuido al erario nacional con 1 469 millones de soles; por otros conceptos no tributarios 1 152 millones; por otros conceptos tributarios 8 001 millones; lo que hizo una suma de 10 622 millones de soles.

Para el representante del MEF, las nuevas regalías mineras corrigen la “regresividad debido a que se determina sobre las ganancias operativas y no sobre el valor del concentrado y mantiene la distribución de ingresos entre gobiernos locales, regionales y universidades nacionales”. En cuanto a los impuestos y gravámenes especiales “genera más ingresos que se constituyen como ingresos del gobierno nacional”.

Seguidamente expuso sobre la distribución de todos estos ingresos en el territorio nacional.

Estado empresarial

El gerente de Desarrollo Corporativo del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado –Fonafe, Roberto Sala Rey, hizo un recuento de las 11 empresas de distribución eléctrica que laboran en las regiones donde no incursionan las empresas privadas por carecer de interés para ellas.

Indicó que el foco de su gestión “no es hacer negocios y dar utilidades, sino brindar el servicio a la mayor cantidad de ciudadanos, aunque tampoco podemos descuidar y no dar alguna utilidad que le permita a las empresas seguir funcionando (lo que significa mantenimiento, nuevos equipos, modernización)”. Es decir, “cubrir costo y ser sostenible en el tiempo”.

Durante el actual estado de emergencia, el funcionario dijo que las empresas tenían reserva de caja, pero no suficiente. Informó que se han reunido con la plana gerencial para que ver las proyecciones de ingresos, los costos operativos y ver las necesidades.

«Hay dos grandes problemas. Uno, abastecer. Dos, qué recursos necesitan para seguir operando. Y dos necesidades: baja de la demanda en abril, que cayó en un 90 por ciento. Luego, la cobranza, ya que el gobierno central ha dado facilidades para el pago fraccionado con cero intereses».

Como fuente de financiamiento, señaló que aparte del ahorro propio de cada empresa hay dos fuentes externas: algo más de 500 millones de soles en préstamos del Banco de la Nación, y otros préstamos de la banca privada. Como último recurso, dijo, están los aportes de capital que podría efectuar el Fonafe en cada empresa, de acuerdo con su capacidad de endeudamiento. “Todo esto para no romper la cadena de pago, y poder mantener su funcionamiento”, expresó.

Congresistas
El congresista Napoleón Vigo Gutiérrez (Fuerza Popular) mostró su preocupación porque no ha bajado el precio de los combustibles a pesar de que el costo del petróleo ha disminuido en el mundo, y preguntó cuál ha sido el impacto en la recaudación del impuesto a la renta de las empresas mineras en Cajamarca

El parlamentario Walter Ascona Calderón (Alianza para el Progreso), dijo que “el mal llamado canon minero es un impuesto que todos en el mundo pagan. Un impuesto que siempre iba al centralismo”.

Seguidamente mostró su preocupación por la fusión de las grandes empresas mineras que no pagan el impuesto respectivo por esas transacciones.

El congresista Roberto Chavarría Vilcatoma (Unión por el Perú) denunció que los beneficios (que produce el sector minero) no se ven en la población. «En Loreto, por ejemplo, por cada diez personas, seis o siete están en la extrema pobreza. ¿Qué medidas se van a hacer para resarcir los daños ambientales y la salud de la población?«, interrogó.

Lima, 10 de junio de 2020

PRENSA-CONGRESO