El presidente (e) del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro, sostuvo una reunión con representantes de la Asociación de Oficiales, Generales y Almirantes del Perú (ADOGEN), una institución sin fines de lucro que agrupa a los altos mandos en situación de retiro de las Fuerzas Armadas. Al respecto, ellos expresaron su preocupación por los procesos judiciales que enfrentan militares y policías que participaron en la lucha contra el terrorismo.

Durante el encuentro, los representantes de la asociación solicitaron al Parlamento aprobar el dictamen que incorpora de manera expresa el delito de lesa humanidad al Código Penal peruano, con el objetivo de dotar de mayor claridad y seguridad jurídica al sistema de justicia.

Fernando Rospigliosi, autor de la propuesta legislativa, explicó que la iniciativa establece por primera vez una regulación específica sobre los delitos de lesa humanidad en la legislación nacional, en concordancia con lo dispuesto por el Estatuto de Roma, tratado internacional suscrito por el Perú en el año 2000.

Asimismo, precisó que el dictamen dispone que, cuando un hecho no reúna las características necesarias para ser considerado delito de lesa humanidad, deberá ser procesado como delito común, aplicándose las sanciones previstas en el Código Penal.

El titular del Legislativo recordó que esta propuesta responde a una recomendación formulada por el Tribunal Constitucional al declarar la constitucionalidad de la Ley 30107.

“Hemos conversado sobre las acciones que desarrollaremos para seguir luchando contra las arbitrariedades que comete el sistema judicial”, detalló el presidente del Congreso.

Durante la reunión, los representantes de ADOGEN señalaron que algunos magistrados vienen procesando y emitiendo sentencias a militares y policías por delitos de lesa humanidad pese a que, según sostienen, los hechos imputados no cumplen con los estándares jurídicos exigidos para dicha calificación.

“Actualmente enfrentan estos procesos aproximadamente 50 oficiales del grado de general, que participaron en la lucha contra el terrorismo. Hay adultos mayores, incluso algunos fallecieron en la cárcel porque el sistema de justicia del Perú no está funcionando como debería”, resaltó el teniente general F.A.P en retiro, Carlos Alberto Bohorquez Castellares, vicepresidente del ADOGEN.

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