Funcionarios de los organismos reguladores concurrieron hoy a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República para exponer sobre el rol que desarrollan en defensa de los intereses de la población.

La sesión fue conducida por la congresista Lady Camones (APP), vicepresidenta de ese grupo de trabajo.

En su intervención, Socorro Heysen Zegarra, superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), puso de manifiesto el alto nivel de informalidad entre los peruanos (3 de cada 4 peruanos tiene empleo informal y en el ámbito rural llega al 95 %).

Además, indicó que el nivel de inclusión financiera llega solo al 54 % y que existe un bajo nivel de educación financiera.

Refirió que la SBS supervisa las actividades de 7 Edpymes, 4 entidades estatales, 4 empresas de arrendamiento financiero: 1 bancos de inversión, 45 Bancos: 17 Financieras y 10 cajas municipales, 20 empresas de seguro y 4 AFP, entre otras.

Por su parte, Rafael Eduardo Muente Schawrz, presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), dijo que la entidad que dirige tiene como objetivo promover la libre competencia con precios asequibles y con un nivel adecuado de calidad.

Sostuvo que Osiptel es la entidad técnica encargada de mantener el equilibrio entre los intereses Involucrados.

“En el sector telecomunicaciones, el modelo vigente implica que el sector privado desarrolla la actividad económica y es el regulador quien interviene corrigiendo fallas de mercado y garantizando mejor calidad, mejor atención y promoviendo una mayor competencia”, consideró.

En otro momento, Muente aseguró que la baja en las tarifas de telecomunicaciones ha significado ahorros para los consumidores en los servicios de Internet móvil, voz móvil y fija e Internet fijo. Precisó que entre los años 2018 y 2022, estos ahorros alcanzaron los S/ 12 734 millones.

El jefe de Osiptel también demandó elevar el tope de las multas, con el fin de que se incremente la capacidad sancionadora de la entidad.

OFICINA DE COMUNICACIONES