Durante la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2015-2016, el Congreso de la República aprobó 105 proyectos de ley, incluyendo resoluciones legislativas, con contenido de carácter social y que fueron priorizados en la agenda parlamentaria.

Así lo informó este viernes 18 el titular del Congreso, Luis Iberico Núñez, durante una entrevista concedida al canal de televisión de ese poder del Estado, en el que hizo un balance de su gestión de agosto a diciembre de este año.

Del total de proyectos aprobados, 33 se convirtieron en leyes; 17 fueron resoluciones legislativas, una resolución legislativa del Congreso y 21 autógrafas están pendientes de promulgación. Asimismo, 23 fueron aprobados por el Pleno o la Comisión Permanente y una se aprobó en primera votación, entre otras.

            Iberico detalló que entre esas disposiciones legales aprobados destacan el que protege a la mujer trabajadora ante despidos arbitrarios, el que sanciona el maltrato infantil y la humillación de los niños, el que protege a los animales domésticos y otras en materia de protección a niños, adolescentes y mujeres.

“Hay un componente social muy fuerte en la agenda parlamentaria. Existen otros temas pendientes que lo seguiremos viendo en la próxima legislatura”, adelantó.

En otro momento, negó que el Congreso esté aprobando normas que tienen iniciativa de gasto, y consideró que el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, exageró al señalar que este poder del Estado habría insistido en 26 proyectos de ley observados por el Poder Ejecutivo.

“Solo son cinco proyectos aprobados vía insistencia y solo hay 11 leyes observadas de más de 100 producidas. No es cierto que estamos haciendo un festival de gasto”, remarcó el titular del Parlamento.

A manera de ejemplo, dijo que el Poder Ejecutivo observó una ley que propone ampliar las funciones de la Defensoría del Pueblo para la prevención de la tortura. “¿Dónde está la iniciativa de gasto en ese tema?”, se preguntó.

También mencionó que por decisión del Congreso, los trabajadores del Sector Público bajo el régimen privado recibirán el aporte de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) cada seis meses, al igual que los empleados del Sector Privado.

“Es una tema de equidad. Esta ley –dijo- tiene un informe favorable del Defensor del Pueblo, de la Superintendencia de Banca y Seguros, del Ministerio de Trabajo y de la propia bancada oficialista”, señaló Iberico al justificar la insistencia de esa autógrafa.

ESTATUTO PARLAMENTARIO

            El presidente del Congreso también consideró como importante la aprobación, vía resolución legislativa, del Estatuto del Servicio Parlamentario, el cual busca el respeto a la consolidación de la carrera profesional y técnica de los que trabajan permanentemente en este poder del Estado y no de los  servidores de confianza.

            “Se trata de evitar que el Congreso se convierta en la bolsa de trabajo de los que entran a manejar el Parlamento cada cinco años. Es darle su lugar a los trabajadores que tienen 20 o 30 años de servicio, que muchas veces son arrinconados para poner a gente inexperta”, anotó.

            El Estatuto, que esperó ser aprobado desde 1995, también establece que los ascensos de los trabajadores se producirán previo examen, con competencia abierta y que recibirán capacitación permanente.

PODER INDEPENDIENTE Y AUTÓNOMO

            Finalmente, Iberico Núñez resaltó que durante la primera legislatura, que culminó el pasado 15 de diciembre, el Congreso de la República marcó bien su territorio y consolidó su imagen de institución autónoma e independiente de otros poderes del Estado como el Ejecutivo y el Judicial.

También señaló que el Parlamento cumplió cabalmente con su misión de ejercer su rol de fiscalización y control político al aprobar seis informes finales de comisiones investigadoras, algunas de las cuales estaban encarpetadas desde hace muchos meses.

En ese sentido, mencionó las investigaciones de los casos Óscar López Meneses y Martín Belaúnde Lossio, el informe de la ‘megacomision’ sobre ‘Agua Para Todos’, la comisión que indagó sobre la supuesta infiltración del narcotráfico en los partidos políticos, y el tema del ilegal seguimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) a políticos, empresarios y periodistas.

“También se planteó una relación de colaboración y de mutuo respeto con el gobierno central y se mantuvo una comunicación fluida con los ministros de Estado”, remarcó Iberico, al tiempo de recordar que él propicio el diálogo entre el presidente del Consejo de ministros, Pedro Cateriano, y los líderes políticos para “aquietar las aguas” ante rumores de alteración del orden democrático. (ac)

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