El legislador Edwin Donayre Gotzch (APP), sobre quien pesa un pedido del Poder Judicial para la ejecución de una condena de cinco años y seis meses de prisión por el caso “Gasolinazo”, lamentó que su caso haya provocado una confrontación entre el Congreso de la República y el Poder Judicial, debido a un «vacío de la normatividad» y en el Reglamento del Legislativo.

       Fue durante su presentación el viernes 5 ante la Comisión de levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria, que preside la congresista Luciana León (CPA), a la que acudió para ejercer su derecho a la defensa.

     Donayre también expresó su pesar porque algunos congresistas hayan sido acusados de blindarlo, en referencia a las denuncias de una supuesta demora en el tratamiento del pedido del Poder Judicial

      “En ningún momento, ni bajo ninguna forma, he obstaculizado e impedido este acto y menos recurrido a algún a congresista para ello. Por el contrario, veo con agrado que mi caso sea visto en aras de mantener la transparencia de esta comisión y del Congreso en su lucha contra la corrupción”, manifestó el parlamentario.

       Sobre el caso Gasolinazo”, tras calificar de absurdas y falaces las acusaciones, Donayre se preguntó si era ético y correcto que de 44 dependencias de la región militar del sur, se haya citado a un solo jefe, obviando el testimonio de los otros 43, a lo lardo de más doce años, en la que todos admitieron la conformidad de la recepción del combustible.

       Agregó que la jueza y la fiscal no han identificado en 12 años, ni una placa o chofer de las más de 300 cisternas de gasolina que supuestamente transportaron a Lima para comercializarlo.

      El exjefe del Comandante General del Ejército dijo que su carrera siempre se caracterizó por enfrentar la corrupción y mostró como pruebas recortes periodistas de su gestión al frente de la institución armada. «Es triste pasar de denunciante a denunciado», dijo visiblemente conmovido.

            Al final de su exposición, Edwin Donayre agradeció el apoyo de su familia y amigos por creer en él.

           «¡Fui entrenado para la guerra! pero no para los ataques que inflingen dolor y sufrimiento en el alma y que aún no encuentro cómo consolarlos, secar sus lágrimas y aliviar su sufrimiento!», indicó.

            Previamente, su abogado defensor, César Nakasaki, pidió que sea declarado improcedente la solicitud del Poder Judicial y que se tenga en cuenta que en los próximos días la Corte Suprema deberá resolver en definitiva la situación de su patrocinado

            También señaló que debe quedar claro para qué se levanta la inmunidad parlamentaria, si es para la vacancia o para la suspensión del cargo público de congresista.

         “Edwin Donayre está siendo llamado para se ejecute una sentencia que no es firme”, añadió.

         Luego hizo la diferencia de que la detención o prisión preventiva es una medida cautelar, mientras que la ejecución de la sentencia condenatoria es un efecto de los recursos de impugnación contra la misma de dos tipos: provisional o definitiva. “El congresista Donayre tiene comparecencia en el proceso penal, no tiene prisión preventiva”, indicó

         Nakasaki manifestó que el artículo 25 del Reglamento del Congreso no contempla como causa de vacancia ni de suspensión la ejecución de una sentencia condenatoria a pena privativa de la libertad que no esté firme, es decir, que sea aun objeto de impugnación (recurso de nulidad).

            Dijo, además, que el Reglamento conforme al artículo 1 es la única norma que regula el Estatuto del congresista, los casos de vacancia y suspensión del cargo público de elección popular, y que el artículo 3 del Reglamento establece la soberanía y autonomía normativa del Congreso.

15 DÍAS ÚTILES

            Finalmente, la presidenta de la Comisión, Luciana León, informó que tras la presencia del legislador Edwin Donayre, se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento del Congreso

            “La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria dictamina en un plazo máximo de quince días útiles, contados  a partir del día siguiente de la realización de la sesión en la que se citó al congresista denunciado para su defensa”, señala el cuerpo legal.

PRENSA-CONGRESO