La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó con el voto de la mayoría de los asambleístas, la denuncia constitucional presentada por el congresista Daniel Abugattás (NGP) contra los exmagistrados del Tribunal Constitucional Carlos Mesía Ramírez, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda, por supuesta infracción a la Carta Magna.

La denuncia había sido presentada el 16 de enero del 2012 por Abugattás Majluf porque consideró que los exrepresentantes del TC se extralimitaron en los poderes que la Constitución les otorga y vulneraron la autonomía del Consejo Nacional de la Magistratura, al declarar fundadas las demandas de amparo interpuestas por tres postulantes a Fiscal Supremo, sin considerar los acuerdos del Consejo Nacional de la Magistratura.

Se señala en el informe de calificación de la denuncia constitucional, que el TC emitió un fallo declarando nulo los acuerdos que nombraron a César Hinostroza Pariachi y a Mateo Grimaldo Castañeda como fiscales supremos en el marco de una convocatoria.

Luego de sustentarse los fundamentos de derecho, la subcomisión, presidida por el congresista Víctor Andrés García Belaudne (AP-FA), acordó por mayoría declarar procedente la acusación.

Una segunda denuncia constitucional, presentada por los congresistas Manuel Dammert Egoaguirre, Mesías Guevara, Rosa Mavila León y Verónica Mendoza Frisch,  de la bancada Acción Popular-Frente Amplio, contra el exministro de Vivienda y construcción y expresidente del Consejo de Ministros, René Cornejo Díaz, fue declarada improcedente por votación de la mayoría.

La denuncia señalaba que Cornejo Díaz habría estado vinculado a la Corporación Helios SA durante el ejercicio de sus funciones como ministro de Estado, lo que permitió  a esa empresa beneficiarse con operaciones comerciales con entidades públicas.

AMPLIO DEBATE

Durante la sesión se desarrolló un amplio debate parlamentario, técnico, jurídico y constitucional  sobre la procedencia o no de las denuncias constitucionales sobre la base de un  análisis liminar o de inicio.

Para la congresista Martha Chávez (FP) no debería llegarse al fondo de la cuestión para que la acusación sea declarada procedente. En función de esa posición prefirió votar en contra o abstenerse.

Otra fue la posición de los congresistas Javier Velásquez Quesquén (CP) y Marisol Pérez Tello (PPC-APP), quienes consideraron que para proceder a una denuncia se debe hacer una revisión de los hechos.

IMPROCEDENTES

Diferente fue la situación para cinco denuncias constitucionales que por unanimidad o mayoría fueron declaradas improcedentes por no cumplir con criterios de procedebilidad.

En ese sentido, fueron descalificadas las denuncias de Luis Rivas Arenas contra un grupo de vocales supremos; de Roberto Llallaque Arratia contra el Poder Ejecutivo ( ésta en forma unánime); Ernesto Mendoza Padilla contra el exfiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardalez.

Igualmente, la denuncia de Wagner Vidarte Montenegro  contra los exmiembros del TC Ernesto Álvarez Miranda, Gerardo Eto Cruz y Carlos Mesía Ramírez.

También, la denuncia formulada por la empresa Construcciones e Inversiones V&E SAC, representada por su gerente general Vicente Díaz Arce contra el congresista Wuilian Monterola Abregú (UR) por presunta comisión de tráfico de influencias al haber intercedido para que un familiar directo sea beneficiario de una pensión de sobreviviente del Ministerio del Interior.

Según el análisis de calificación, la denuncia es improcedente por carecer de legitimidad y no ser él el directamente afectado, lo cual la hace inadmisible e improcedente. (MED)

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