En dos semanas auditores de la Contraloría podrían determinar si hubo o no favorecimiento en la entrega de insumos para las pruebas moleculares del covid-19 a algunas clínicas particulares, en una acción de control en las cuatro Direcciones Regionales de Salud (DIRES) y el nivel de responsabilidad en caso se comprobara la acusación.

Así lo dijo ante la Comisión de Salud y Población el contralor general de la República, Nelson Shack, el martes 23, al responder una pregunta del presidente de la comisión, Omar Merino López (APP) quien inquirió sobre el tema.

De otro lado, frente a una preocupación en la que coincidieron los integrantes del grupo de trabajo legislativo, sobre los elevados costos de las pruebas y el tratamiento del virus en las clínicas privadas, Shack Yalta dijo que esa materia es responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), es decir, ejercer el control respectivo.

Explicó que a la Contraloría le corresponde la supervisión del sector público y que su actuación con el privado se reduce al pedido de información. “Nosotros no vamos a tomar ninguna acción sobre el cobro excesivo o no de las clínicas”, anotó.

En otro momento, señaló que entre las acciones que tiene programada la Contraloría en el segundo semestre del año tiene previsto una serie de intervenciones para evaluar cuál ha sido el despliegue y la efectividad del trabajo de los distintos entes reguladores “porque, sobre todo, en una pandemia el Estado tiene que regular apropiadamente el desempeño del mercado”.

En ese sentido, indicó que se realizarán intervenciones de control en SuSalud, Indecopi y en una serie de otros reguladores que tiene que ver con la prestación de bienes y servicios en el sector privado, pero que afectan directamente el nivel de bienestar de la población.

“Esto si va a demorar un poco más, porque nuestra prioridad está vinculada a la salud y prestación de servicios, pero sí está programado una acción en Susalud”, afirmó, tras aclarar que la Contraloría no tiene facultad para sancionar.

Por su lado, Merino López planteó la convocatoria del ministro de Salud para la próxima semana para que informe sobre diferentes problemas en el marco de la emergencia sanitaria y las denuncias sobre cuestiones irregulares y deficiencias que hay en el sector.

INS

En la sesión virtual también fue invitado el director del Instituto Nacional de Salud, Cesar Augusto Cabezas Sánchez, quien informó que en 12 departamentos hay laboratorios para el diagnóstico molecular del covid-19 y reciben insumos en forma gratuita del INS.

Indicó que solo un 12 por ciento de las pruebas moleculares proceden de clínicas privadas y que todo debe ser objeto de investigación, a la que ellos se allanaron para un control concurrente, desde el pasado 5 de mayo, después que un parlamentario denunció un cobro exagerado de una clínica.

Cabezas expresó que él y su equipo son conscientes de la necesidad de solidaridad en tiempos de pandemia y que si hay cobros indebidos tiene que haber permanente evaluación de los laboratorios privados, principalmente.

De otro lado, más adelante, en ausencia del superintendente de Susalud, Carlos Manuel Acosta Saal, la comisión postergó su presentación para la próxima semana y no aceptó la participación del adjunto.

PROPUESTAS LEGISLATIVAS

El grupo de trabajo aprobó, en forma unánime, la propuesta legislativa, de autoría del congresista Luis Alberto Valdez Farías (APP), que plantea declarar de necesidad pública e interés nacional la construcción del Instituto Regional de Salud del Niño, en la ciudad de Trujillo.

Del mismo modo, fue aprobado unánimemente el proyecto de ley, de autoría de la congresista Hirma Norma Alencastre Miranda (SP), que propone declarar de preferente necesidad pública e interés nacional la creación del Instituto Regional de Salud del Niño en el departamento de Áncash.

Lima, 23 de junio de 2020

PRENSA-CONGRESO