El Pleno del Congreso no obtuvo los votos necesarios para aprobar el proyecto de Resolución Legislativa que inhabilitaba por cinco años para el ejercicio de la función pública al exconsejero del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Baltazar Morales Parraguez, por supuestamente haber cometido graves infracciones de los artículos 39 y 150 de la Constitución Política del Estado.

La votación fue de 47 votos a favor, 1 en contra y 27 abstenciones. Los votos necesarios para aprobar la referida resolución eran 67, esto es, dos tercios de los congresistas menos los miembros titulares y suplentes de la Comisión Permanente que ejercieron su voto en la sesión que aprobó el informe final el 1 de marzo último.

El titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ponente de la acusación, Carlos Pérez Ochoa (AP), comunicó que el Informe Final que puso a debate proviene del periodo parlamentario anterior, cuyo ponente fue Javier Velásquez Quesquén (PAP), y que su comisión lo hizo suyo.

Es más, al finalizar su participación recalcó que se trata de un informe que encontró y fue “elaborado y aprobado por el anterior Congreso, y solo nos hemos limitado a leer su contenido, para mejor juicio de los congresistas que van a emitir su voto”.

La Denuncia Constitucional 35, con la cual se solicitó la inhabilitación del denunciado, se basó en el Informe de Calificación que la Subcomisión declaró procedente el 6 de junio de 2017, por haber propiciado, presuntamente, que Enrique Valdez Alegría labore como asesor de su despacho, pese a tener un vínculo sentimental con su hija, Amarilis Morales Fernández, y ser su futuro yerno.

Este hecho fue dado a conocer a la opinión pública el 9 de octubre de 2016 por el programa periodístico Panorama, en donde se dijo que el referido Valdez Alegría había sido contratado en la modalidad CAS, cuando ya el denunciado había asumido sus funciones como consejero.

DERECHO DE DEFENSA

Baltazar Morales Parraguez declaró en su defensa que la acusación a la que llegó el informe final toma hechos que no son ciertos y, por ello, no existe infracción constitucional, ya que el hecho que se le imputa no tiene nada que ver con lo que definen los artículos 39 y 150 de la Constitución.

“No hay argumento jurídico”, sostuvo. Por tanto, “no hay lugar a formación de causa a consecuencia de esta acusación”.

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