Con 21 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones, la Comisión Permanente, bajo la dirección de Alejandro Soto Reyes, aprobó el informe final de las denuncias constitucionales 182 y 184 (acumuladas), que fueron formuladas por el excongresista Richard Arce Cáceres y la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, en contra del excongresista Roberto Gamaniel Vieira Portugal.

Al exparlamentario se le acusa de la presunta infracción constitucional de los artículos 39, 44 y 93 de la Constitución, así como la probable comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, tipificados en los artículos 385 y 400 del Código Penal, respectivamente.

Al respecto, el informe concluye acusar al exlegislador por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias. Sin embargo, considera que “no hay lugar a formular acusación” por el delito de patrocinio ilegal ni infracción de los artículos 39 y 93 de la Constitución Política del Perú, disponiéndose el archivo en esos extremos.

Enseguida, con 25 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, la Comisión Permanente aprobó conformar la subcomisión acusadora, que estará integrada por la congresista Lady Camones, para sustentar el informe aprobado y formular la denuncia constitucional ante el Pleno del Congreso.

Previamente, durante el debate, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano (APP), sustentó el informe contra el exparlamentario y detalló que habría solicitado 25 mil dólares a cambio de levantar una sanción impuesta, por el Ministerio de la Producción, a la embarcación Ponce II del empresario Guillermo Venegas Vieira, quien era su primo.

Por su parte, el excongresista Roberto Viera, quien ejerció su derecho de defensa junto a su abogado, dijo que la denuncia en su contra se dio por enfrentarse a la mafia de empresas pesqueras que roban los recursos de los peruanos y aseveró que los audios en su contra “fueron sacadas de contexto”.

“No tengo ningún antecedente y no cometí ningún delito (…) aprovecharon para grabarme en mi domicilio, a mi familia y en mi cama”, alegó.

En tanto, el abogado manifestó que el audio habla de un monto de dinero, pero no se indica ni para qué, ni para quién será y, por tanto, no hay un elemento objetivo que existe una irregularidad.

“El monto mencionado en el audio es el mismo y coincide con lo que el abogado Julio García dice que estimó por honorarios para el primo del señor Vieira y aquel monto es el valor del mercado (…) entonces, existe un audio que no prueba nada”, manifestó el letrado.

De acuerdo con el artículo 89 del Reglamento del Congreso, el informe final de la mencionada denuncia constitucional será visto en una próxima sesión del Pleno del Legislativo.

ARCHIVO Y REPROGRAMACIONES

Luego, por unanimidad, se aprobó el archivamiento del informe final sobre la denuncia constitucional 323, que fue presentada por el apoderado legal de los ciudadanos Javier Carlos Tupia Apolinares y Bartolomé Vega Morales, en contra del juez supremo Víctor Antonio Castillo León, en su condición de presidente de la Cuarta Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social.

Al magistrado se le acusaba de la presunta infracción al artículo 139, inciso 3) de la Constitución Política del Perú y presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales tipificado en el artículo 377 del Código Penal.

Asimismo, se acordó reprogramar la votación del informe final sobre las denuncias constitucionales 395 y 406 (acumuladas), que fue presentada por el congresista Juan Burgos Oliveros y la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, en contra del exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Luis Alfonso Adrianzén Ojeda, por la presunta infracción de los artículos 38 y 39 de la Constitución Política del Perú y como presunto autor de la comisión del delito contra la administración pública, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Del mismo modo, el informe final Denuncia Constitucional 98, el cual fue presentada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, en contra de Aldo Martín Figueroa Navarro, en su condición de exjuez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado peruano.

Al respecto, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, explicó que a los citados denunciados se les notificará por última vez y, en caso no asistan a la nueva sesión programada, la Mesa Directiva calificará dicha inasistencia como injustificada y continuará el trámite de las denuncias constitucionales, de conformidad con el literal k) del artículo 89 del Reglamento del Congreso.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL