La Comisión de Vivienda y Construcción, que preside el congresista Juan Carlos Oyola Rodríguez (AP) aprobó, por mayoría, el dictamen que propone la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible.

La propuesta, que reúne los proyectos 1797/2017-CR, 3953/2018-CR, 4022/2018-CR, y otros, tiene por objeto establecer los principios, lineamientos, instrumentos y normas que regulan el acondicionamiento territorial, la planificación urbana, el uso y la gestión del suelo urbano, a efectos de lograr un desarrollo urbano sostenible, entendido como la optimización del aprovechamiento del suelo en armonía con el bien común y el interés general.

Su finalidad es orientar el desarrollo de ciudades y centros poblados para ser sostenibles, accesibles, inclusivos, competitivos, justos, diversos y generadores de oportunidades para toda la ciudadanía.

Asimismo, la importancia de esta futura proposición legislativa es combatir la informalidad y la expansión urbana informal a efectos de garantizar vivienda asequible para los sectores D y E y para esta meta se requiere regular el uso del suelo.

De igual forma, de convertirse en ley, el país contará con una política urbana nacional que permitirá cubrir la falta de viviendas, el mejoramiento de barrios y la dotación de servicios básicos para la comunidad.

La propuesta, según el análisis costo y beneficio elaborado, respecto a la promoción para el acceso a la vivienda de interés social y a los créditos de vivienda del Estado a favor de la población de menores recursos no genera gasto al erario nacional, puesto que tiene como único propósito facilitar el acceso a la vivienda de interés social, a los créditos y los subsidios de vivienda, para favorecer a las personas de menores recursos, en condición de pobreza o en situación de informalidad.

Asimismo, respecto al establecimiento de instrumentos de gestión de suelo urbano para la creación de vivienda de interés social, no se generan costos adicionales al Estado; por el contrario, genera beneficios económicos al permitir obtener suelo para la implementación de viviendas de interés social. Además, respecto al acceso a la vivienda social, habrá el beneficio social y económico para las personas que radica en la posibilidad de adquisición de un bien, lo que se refleja en las mejores condiciones de vida, de seguridad familiar y de un entorno social-ambiental que le permita un desarrollo integral.

OFICINA DE COMUNICACIONES