La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista Lady Camones Soriano (APP), aprobó esta tarde, en su décimo novena sesión ordinaria, tres informes de calificación que desestiman igual número de denuncias.

El primer informe es el que corresponde a la Denuncia Constitucional 223, formulada contra Dina Boluarte Zegarra, en su condición de extitular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Se aprobó por mayoría: 10 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención.

A la presidenta de la República se le acusó por presunta infracción constitucional y por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias.

Todo ello, por supuestamente haber ejercido la vicepresidencia de la República y el cargo de ministra, sin haber renunciado a sus funciones en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La denuncia, de acuerdo con el informe, cumplió con los requisitos formales, pero no con los criterios de admisibilidad. Hecho el análisis, se determinó que la presidenta no incurrió en la infracción de ninguno de los artículos de la Constitución o del Código Penal, y por ello se declaró improcedente la denuncia.

El segundo informe corresponde a la Denuncia Constitucional 439, formulada contra los congresistas Alejandro Soto Reyes y Waldemar José Cerrón Rojas, por la presunta Infracción a los artículos 38, 66, 67, 68 y 69 de la Constitución Política del Perú; y el presunto delito ambiental, responsabilidad funcional e información falsa. La denuncia fue rechazada por unanimidad: 12 votos.

La denuncia giró alrededor del procedimiento de aprobación de la Ley N.° 31973 – Ley que modifica la Ley 29763, Ley forestal y de fauna silvestre, y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal. Se declaró improcedente puesto que los hechos no infringieron la Constitución.

El tercer informe corresponde a la Denuncia Constitucional 443, formulada por el fiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana, contra los jueces supremos provisionales Manuel León Quintanilla Chacón y Jorge Castañeda Espinoza; por presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo específico y cohecho activo específico. Se aprobó por unanimidad: 12 votos.

La denuncia estuvo enmarcada en el caso de “Los cuellos blancos del puerto”, puesto que los denunciados habrían comprometido su voto en un recurso de nulidad para favorecer al exalcalde distrital de San Borja, Marco Antonio Álvarez Vargas.

El análisis de la denuncia arrojó que a dichos magistrados no les corresponde la prerrogativa del antejuicio, porque ejercieron su cargo de manera provisional. Por tanto, se declaró improcedente la denuncia.

AUDIENCIA
Inmediatamente, se continuó con la audiencia relacionada con las Denuncias Constitucionales 285, 287 y 369 (acumuladas), interpuesta contra el expresidente de la República, Francisco Sagasti Hochhausler, y los exministros del Interior Rubén Vargas Céspedes y José Élice Navarro.

A todos ellos se le acusa por la presunta infracción a los artículos 2, incisos 2 y 15; 45; 118 inciso 1, 139 incisos 3 y 5 y 172 de la Constitución; y los presuntos delitos de Abuso de Autoridad y de Nombramiento Ilegal para un Cargo Público, tipificados en los artículos 376 y 381 del Código Penal, respectivamente.

Participaron, en su calidad de denunciante, el congresista José Cueto Aservi (HyD) y el abogado Sergio Verástegui Valderrama; en su calidad de denunciados el exministro José Elice Navarro (acreditado también como abogado del expresidente Francisco Sagasti), y el abogado del exministro Rubén Vargas, Daniel Figallo Rivadeneyra.

Como testigos estuvieron presentes: los tenientes generales Orlando Velasco Mújica; Jorge Lam Almonte; Herly Rojas Liendo; y los generales en retiro Alexis Bahamonde Chumpitaz; Roger Calongos Aguilar; Alexander Manay Guerrero.

DAN CUENTA
Asimismo, en el inicio de la sesión, Lady Camones Soriano dio cuenta de las denuncias constitucionales 453, 482 y 492, seguidas contra la ex congresista Maritza García Jiménez, la parlamentaria Magaly Ruiz Rodríguez (APP) y la presidenta de la República Dina Boluarte Zegarra; todas, presentadas por el fiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL