La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside María Acuña Peralta (APP), aprobó, por mayoría, admitir a trámite por procedente, la Denuncia Constitucional 509 contra la presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, como presunta autora de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado, a título de comisión por omisión.

Esto, en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos en agravio de diversos ciudadanos durante las protestas ciudadanas que se sucedieron desde el 7 de diciembre del año 2022. La denuncia fue formulada por el exfiscal de la nación (i), Juan Villena Campana.

El informe de calificación fue aprobado por mayoría: 13 votos a favor, 5 votos en contra y cero abstenciones.

El informe también declara procedente la denuncia, por los mismos delitos y otros, a los expresidentes del Consejo de Ministros, Pedro Angulo Arana, Alberto Otárola Peñaranda; los exministros de Defensa Alberto Otárola Peñaranda y Jorge Chávez Cresta; y los exministros del Interior, César Cervantes Cárdenas, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.

Respecto a la capacidad legal, el informe precisa que la Subcomisión ha admitido a trámite investigaciones contra presidentes en ejercicio del cargo respecto a las imputaciones contempladas en el artículo 117 de la Constitución, en mérito a la distinción de las etapas, que fundamentalmente se realizará la de investigación.

Asimismo, se advierte que el Poder Ejecutivo habría enviado una demanda competencial al Tribunal Constitucional para que interprete los alcances del mencionado artículo, aunque esta aún no ha sido interpuesta.

 IMPROCEDENTES

Por otro lado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó cuatro informes de calificación que declaran improcedentes igual número de acusaciones constitucionales.

El primer informe es el que corresponde a la Denuncia Constitucional 243, formulada por la congresista Margot Palacios Huamán (NoA) contra el excontralor general de la república Nelson Shack Yalta.

A Shack Yalta se le acusó por la presunta infracción constitucional a los artículos 82 y 99 e incumplimiento de la Ley 27785, y la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en los artículos 376 y 377 del Código Penal.

El segundo informe es sobre la Denuncia Constitucional 518, formulada por la ciudadana Gabriela Mata Vidarte, contra el magistrado del Tribunal Constitucional,  Gustavo Gutiérrez Ticse, como presunto autor del delito de abuso de autoridad, y por la presunta infracción al artículo 202 (inciso 2) de la Constitución Política.

El tercer informe fue el correspondiente a la Denuncia constitucional 411, formulada por el ciudadano Norberto Rubio Flores contra la integrante de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Tumialán Pinto.

Se le acusa de haber infringido los artículos 2 (incisos 5 y 20), 38, 39, 99, 100 y 102 de la Constitución y la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales, tipificados en los artículos 376 y 377 del Código Penal.

El cuarto informe fue el que corresponde a la Denuncia Constitucional 505, formulada por el exfiscal (i) de la Nación Juan Villena Campana, contra la congresista Rosselli Amuruz Dulanto (AvP), por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Se concluyó que la conducta de la congresista no se encontraría subsumida en el ilícito penal denunciado por cuanto no se ha acreditado el cumplimiento de los elementos objetivos del tipo penal, y por lo cual se propuso su improcedencia.

 AUDIENCIA

En el inicio de la sesión, el grupo de trabajo continuó con la audiencia relacionada a las Denuncias Constitucionales 384, 400 y 466 (acumuladas), interpuestas por los congresistas Alejandro Muñante Barrios (RP) y Patricia Chirinos Venegas (AvP), y un conjunto de excongresistas de la nación.

Los denunciados son el expresidente de la República Martín Vizcarra Cornejo y el expresidente del Consejo de Ministros Vicente Zeballos Salinas por presunta infracción del artículo 134 de la Constitución Política del Perú y contra Salvador del Solar Labarthe, en su calidad de expresidente del Consejo de Ministros por presunta infracción constitucional del artículo 133 y último párrafo del artículo 132 de la Constitución Política del Perú.

Participaron los excongresistas Segundo Tapia Bernal, Carlos Tubino Arias Schreiber, y el congresista delegado Héctor Ventura Ángel (FP), quien hizo las preguntas pertinentes al único denunciado presente: Vicente Zeballos Salinas. Tanto el expresidente Martín Vizcarra como el exministro Salvador del Solar no se hicieron presentes.

Finalizadas las participaciones, María Acuña Peralta dio por concluida la audiencia, y comunicó al congresista delegado que, conforme al Reglamento del Congreso, cuenta con el plazo de 5 días hábiles para presentar su propuesta de informe final.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL