La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad aprobó -por mayoría- el dictamen que propone la ley que reconoce a las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad y financiamiento.

La propuesta tiene por objeto «reconocer las iniciativas ciudadanas de apoyo o atención alimentaria denominadas ollas comunes como organizaciones sociales de base de carácter temporal, a fin de garantizar su sostenibilidad y su financiamiento en situaciones de emergencia por desastres naturales o emergencia sanitaria, así como fomentar el trabajo productivo de sus beneficiarios».

Al respecto, la congresista Tania Ramírez García (FP) solicitó se incorpore un párrafo al artículo 1 a fin de que el término “temporalidad” rija a partir desde la declaratoria de una emergencia social y de acuerdo con el plazo que fije el correspondiente decreto supremo, porque de lo contrario «mañana o pasado pueden salir mil ollas comunes y el Estado no va a tener la capacidad de darle presupuesto a todas”, sostuvo.

Por su parte, la congresista María Acuña Peralta (APP) consideró que estas organizaciones de ollas comunes deben estar inscritas en las municipalidades a fin de que puedan recibir un presupuesto y así atender a los niños y personas vulnerables durante la pandemia.

“Es una iniciativa que nace de la voluntad de muchas personas ante el olvido del Estado. Son mujeres luchadoras que dependen de la solidaridad de la gente, que hasta ahora no cuentan con un sustento económico para seguir apoyando a los más necesitados y vulnerables”, afirmó.

El grupo de trabajo también aprobó -por unanimidad- el dictamen que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la implementación de los establecimientos de los centros de rehabilitación para las personas con discapacidad.

La congresista Marleny Portero López (AP), autora de la propuesta legislativa, afirmó que lo que se busca es garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de rehabilitación de forma oportuna sin discriminación y atendidos por profesionales especializados para mejorar la salud física y mental de este sector poblacional.

Hoy en día, continuó explicando, el Estado no ha desarrollado estrategias y ha desatendido las prioridades que requieren las personas con algunas limitaciones. La situación más crítica es en el ámbito rural, porque no tienen acceso a medicamentos de calidad ni a tecnologías de apoyo y menos aún ayuda compensatoria para la rehabilitación, tal como lo ordena la Ley General de la Persona con Discapacidad.

Portero López subrayó que urge optimizar la atención en la prestación de servicios para las personas con discapacidad, porque es una de las poblaciones más vulnerables por culpa de la discriminación y la falta de acceso de oportunidades.

OFICINA DE COMUNICACIONES