La Comisión Permanente del Congreso aprobó el martes 20 el informe final de la Denuncia Constitucional nro. 372 que recomienda acusar al excontralor general de la República, Édgar Alarcón Tejada, por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso por apropiación agravada.

También hizo lo propio con el informe final de la Denuncia Constitucional nro. 366 que recomienda acusar por diversos delitos el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, al exfiscal supremo Tomás Gálvez Villegas; y a los exmiembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites, involucrados en el caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto”

En el caso de Alarcón Tejada fueron 19 votos a favor y 2 abstenciones las que decidieron la suerte del documento elaborado por el congresista delegado Franco Salinas López (AP), a cargo de la investigación.

El encargado de la sustentación fue el congresista Leonardo Inga Salas (AP), quien, por 19 votos a favor y dos abstenciones, también fue designado para sustentar ante el Pleno del Congreso.

Antes, Inga Salas refirió los hechos señalados por la Fiscalía de la Nación, basados en un informe de auditoría que determinó, entre otras observaciones, que el denunciado Alarcón Tejada, en su condición de gerente central de operaciones, gerente de auditoría especializada, vicecontralor y contralor general de la República, autorizó diversos pagos por servicios no prestados a la institución.

Se trata de desembolsos realizados con cargo a los fondos de caja chica central, por el importe de 32 417 soles, mediante la emisión de comprobantes de pago por la suma de 458 460 soles, con lo que se habría ocasionado un perjuicio económico a la entidad por un monto total de 490 877 soles.

De acuerdo con la Fiscalía y ratificado por la investigación realizada por la Subcomisión, Alarcón Tejada debe ser acusado del presunto delito de peculado doloso por apropiación agravada, previsto y sancionado por el primer párrafo del artículo 387º, concordado con el segundo párrafo del Código Penal.

Por su lado, Alarcón Tejada no se presentó a la sesión para su defensa, aunque su derecho podrá ser efectivizado
durante el Pleno en el que se ventile su caso.

CASO EXMAGISTRADOS

De igual manera, la Comisión Permanente, aprobó el informe final de la denuncia formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, que concluye acusar a los exmagistrados implicados en el caso conocido como “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

El encargado de la sustentación del informe final fue el congresista delegado, Gino Costa Santolalla (PM), quien refirió varios hechos por los que se acusa a los exjueces supremos y sobre la fuga de Hinostroza Pariachi a España.

Sostuvo que existen razones que justifican la acusación de los graves delitos, entre ellos, el de organización criminal, que tenía como finalidad tomar el control de las instituciones del sistema de justicia, así como interceder y manejar los procesos judiciales e investigaciones fiscales de su interés.

“Concluimos que hay indicios razonables y suficientes para que la justicia continúe con su trabajo, para que la Fiscalía de la Nación pueda llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia a través de una acusación constitucional y será esta instancia la que determinará si las pruebas acopiadas son suficientes o no para establecer responsabilidad penal a los cuatro denunciados”, dijo Costa.

Seguidamente, cada uno a uno de los casos fueron aprobados por mayoría.

A Hinostroza Pariachi se le acusa por los presuntos delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo y tráfico de influencias agravado, que son sancionados por el Código Penal.

Al exfiscal supremo Tomás Gálvez Villegas por la presunta comisión de los mismos delitos y a Julio Atilio Gutiérrez Pebe, por la presunción de pertenecer a una organización criminal y cohecho pasivo específico.

Además, al exconsejero del desactivado CNM, Orlando Velásquez Benites, se le acusa por ser presuntamente parte de una organización criminal y cometer los supuestos delitos de patrocinio ilegal y cohecho pasivo.

DEFENSA VIRTUAL

Durante la sesión virtual, el exjuez Hinostroza Pariachi aprovechó su oportunidad de defensa durante 30 minutos, para pedir que se devuelva el informe final a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales “como han hecho en el caso de Pablo Sánchez, para que se emita un informe con arreglo a la Constitución y la ley”.

“El congresista delegado no ha hecho ninguna investigación, ha vulnerado el artículo 89, literal d) del Reglamento del Congreso”, dijo Hinostroza.

También dieron sus argumentos de defensa el exconsejero Julio Atilio Gutiérrez Pebe y su abogado, quienes solicitaron que se declare no ha lugar al informe final y se devuelva a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Posteriormente, la Comisión Permanente designó al congresista Costa Santolalla como representante de la Comisión Acusadora ante el Pleno.

OFICINA DE COMUNICACIONES