Ante el inminente incremento en las tarifas del servicio de telefonía en mayo, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, que preside Johan Flores Villegas (PP), citó a los funcionarios del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) para que brinden una explicación al respecto.

Al respecto, el gerente de Políticas Regulatorias y Competencia de Osiptel, Lennin Quiso Córdova, explicó, luego de informar cómo su institución impidió un incremento similar el año pasado por el incumplimiento de políticas en los procesos, que en esta ocasión se hizo un estudio de mercado y se ha impuesto reglas más drásticas que están en pleno proceso.

En función de ello, sostuvo, hay un proceso de incremento de precios, pero en un contexto distinto.

El funcionario dijo que Osiptel está verificando la publicación de las tarifas en el sistema de Registro de Tarifas, la publicación de tarifas en la web de Telefónica, y realizando llamadas diarias para verificar la información de tarifas proporcionadas a través del 104.

Esto, porque el regulador ha exigido que se informe a cada abonado sobre el incremento tarifario (comunicar del aumento 30 días antes y un recordatorio 10 días) y el proceso de envío de comunicaciones aún no culmina; además, ha planteado la migración o baja como alternativa al incremento.

La empresa, señaló, debe indicar los tres planes más económicos a los que puede migrar, en el caso de que no acepte el incremento de la tarifa. Para ello se ha ordenado que Telefónica reporte diariamente todas las solicitudes de baja y migración (presentadas a través de los distintos canales de atención) y las ordenes de ejecución, para evaluación de cumplimiento de plazos.

Se evalúa permanentemente la funcionalidad que permite presentar las solicitudes de baja y migración en el aplicación móvil y la página web de Telefónica.

El funcionario, a quien acompañó el gerente general del Osiptel, Sergio Sifuentes Castañeda, indicó que, además, se ha establecido que el operador debe desarrollar un aplicativo web o móvil que permita gestionar trámites.

El congresista César Combina Salvatierra (APP) resaltó la importancia de que un usuario no solo migre de un operador a otro, sino que entienda todas las operaciones que tiene dentro de su propio operador.

Al respecto, Lennin Quiso enfatizó el concepto de autogestionar su solicitud, para que el usuario no interactúe con una persona, sino que utilice el mencionado aplicativo.

“Telefónica ya lo tiene desde febrero”, manifestó, “y los demás operadores están en proceso de construcción. Hasta el momento se han registrado 3000 transacciones en dos semanas, y se está verificando cuáles se están cumpliendo”.

Además, intervinieron los parlamentarios Rubén Ramos Zapana (NC) y Paul García Oviedo (AP), este último indicó que guardaba sus preguntas al presidente del Consejo Directivo, Rafael Muente Schwartz, quien no se presentó, porque se encuentra con descanso médico desde hace algunas semanas.

COMERCIALIZACIÓN FARMACÉUTICA
En su siguiente punto, los miembros de la comisión aprobaron por mayoría el predictamen recaído en los proyectos de ley 5461/2020, 5501/2020 y 6395/2020, por los que se propone mediante un texto sustitutorio la Ley que promueve la competencia en la comercialización de productos farmacéuticos en beneficio del consumidor.

Previamente, el titular del grupo de trabajo, Johan Flores Villegas, sustentó la iniciativa que busca establecer dichas medidas con la modificación de diversos artículos de la Ley 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios; de la Ley 26842, Ley General de Salud; y de la Ley 28173, Ley de Trabajo del Químico Farmacéutico del Perú; y del Decreto Supremo 014-2011, Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos.

Sobre el punto se recibieron los aportes del decano nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, Mario Carhuapoma Yance, y el director general de la Asociación Latinoamericana de Autocuidado responsable (ILAR), Juan Thompson.

El primero solicitó trabajar con urgencia una política del medicamento, y que esta iniciativa pase a ser debatida por la Comisión de Salud y Población, ya que el medicamento no es cualquier objeto de venta, es salud, tiene finalidad humana y no comercial.

“La automedicación mata, y el ciudadano peruano no está preparado para ir a comprar un medicamento en un supermercado”, dijo.

Thompson, por su parte, es partidario de una “automedicación responsable”, en donde es necesario saber diferenciar que la automedicación no es una autoprescripción, y saber que existen reglas para el uso de los medicamentos de venta libre.

Intervinieron Rubén Ramos Zapana (NC), Rolando Campos Villalobos (AP), Jorge Pérez Flores (SP), José Luna Morales (PP) y César Combina Salvatierra (APP).

OFICINA DE COMUNICACIONES