La congresista Marleny Portero resaltó la aprobación del dictamen que exige a los gobiernos regionales y locales destinar anualmente el 0,5 % de su presupuesto institucional para obras de accesibilidad a la infraestructura urbana de las personas con discapacidad, y otro 0,5 % para financiar gastos, planes, programas y servicios de las oficinas regionales y municipales de atención a este sector de la población.