Con 91 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen del Proyecto de Ley 4553, que modifica el Decreto Legislativo 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, para disponer la devolución de pago y compensación al usuario en caso de interrupción del servicio de agua potable o alcantarillado.

El texto aprobado modifica el artículo 24 del Decreto Legislativo 1280 en el párrafo 24.2 respecto a las garantías de continuidad y calidad de los servicios, en los siguientes términos.

“De producirse una interrupción injustificada en la prestación del servicio público de agua potable o de alcantarillado por una causa atribuible al prestador de los servicios que afecte los derechos fundamentales de los usuarios, el prestador del servicio devuelve al usuario afectado el pago realizado correspondiente al periodo interrumpido y, además, lo compensa por el tiempo en el que no contó con el servicio”.

Previamente, el congresista Manuel García Correa (APP), presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, sustentó que el dictamen busca garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el país, más aún en situaciones donde están en riesgo los derechos humanos de los usuarios.

“La propuesta contempla tanto a aquellos que cuentan con micromedidores del servicio de agua potable y aquellos que no lo tienen. Esto representa alrededor del 65 % de la población”, sostuvo el parlamentario.

A su turno el legislador Elías Varas Meléndez (JP-VP), autor de la propuesta de ley, refirió que la iniciativa versa en compensar al usuario, “si no recibimos el servicio, en el mes siguiente se va a dar un descuento en el recibo facturado. Es una compensación por el servicio de agua que no recibimos”, acotó.

Posteriormente, la representación nacional exoneró la propuesta de segunda votación con 87 votos a favor, con lo cual quedó expedita para ser enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

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