El coronel PNP, Harvey Colchado Huamaní, sostuvo ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que existe la tesis de reclutamiento de congresistas durante el gobierno de Pedro Castillo Terrones, para negociar ilícitamente los votos y el copamiento de las instituciones públicas.

Colchado Huamaní, es el responsable del equipo especial de la policía que respalda con sus investigaciones al Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción, encargado de los actos de corroboración del proceso emprendido por la fiscalía.

Indicó, en una larga exposición, que desde antes que Castillo Terrones ganara la segunda vuelta, le preguntó al congresista Carlos Zeballos qué parlamentarios de Acción Popular podrían ser convocados para una alianza con el gobierno.

Según Colchado Huamaní, la respuesta de Zeballos fue  Jhaec Darwin Espinoza Vargas y le dio su número celular. “Allí se estableció el contubernio o el acuerdo,  desde antes que asuma la Presidencia, Pedro Castillo Terrones», anotó.

Indicó que, de acuerdo a informaciones de la prensa, un grupo de parlamentarios se habrían reunido con el exmandatario en setiembre del 2021 y le habrían solicitado a cambio de sus votos los ministerios y puestos en el Estado.

De acuerdo a sus indagaciones, la reunión no habría contado con la presencia de Castillo Terrones en Palacio de Gobierno y los petitorios, habrían sido entregados a su asesor Bruno Pacheco. Más adelante, Castillo Terrones le habría dicho que solo había espacio en el Ministerio de la Producción.

La respuesta presidencial habría irritado a los parlamentarios, más aún cuando el exmandatario,  quien habría ofrecido colocar al frente de ese ministerio a un recomendado del grupo, se equivocó y puso en ese portafolio a otra persona.

Con información de los medios de prensa, Colchado Huamaní, indicó que los días 8, 11 y 19 de octubre de ese año, fueron de duros cuestionamientos al gobierno y a su nuevo ministro.

Según las declaraciones de Colchado Huamaní, luego se produjeron nuevamente las negociaciones y los nombramientos de funcionarios en el Ministerio de la Producción y las votaciones en contra de la vacancia y las interpelaciones.

El testigo señala que los testimonios proceden de los colaboradores eficaces identificados con los códigos 3, 4, 11 y 12, siendo los dos últimos los que más contribuyeron con las investigaciones y que formaron parte del denominado “gabinete en la sombra”.

Frente a cuestionamientos de los abogados de los congresistas acusados, en el sentido de que los hechos narrados no significan corroboración, sino actos de corroboración dentro de un proceso, Colchado Huamaní indicó que esta parte del proceso forma parte de un informe, el 155, donde la fiscalía junta en un solo cuerpo los hallazgos y sacan las conclusiones.

Aclaró también que la policía solo se encargó de indagar sobre la actuación de los colaboradores eficaces no aforados, es decir de quienes no son congresistas, y que estos hechos han sido corroborados. Y que es la fiscalía es la que se encarga de los aforados, es decir de los legisladores.

La congresista delegada Norma Yarrow Lumbreras, de Avanza País, pidió que se solicite a la fiscalía el Informe N° 155.

TESTIGOS

A la 24 sesión extraordinaria de la SCAC, que tuvo una duración de seis horas, fueron convocados por Yarrow Lumbreras, doce testigos, entre ellos el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, quien señaló que no se reunió con los congresistas denunciados.

Asimismo, que no le constaba si hubo quienes le pidieron favores y prebendas a Castillo Terrones a cambio de sus votos; y no conocer a los congresistas Jorge Flores Ancachi y Juan Carlos Mori Celis.

Los otros testigos coincidieron en señalar no conocer a los congresistas denunciados, entre ellos, Marco Antonio Zamir Villaverde y  Jorge Roberto Ñahue Sivirichi.

LA DENUNCIA

Antes, la congresista denunciante, Patricia Chirinos Venegas, de Avanza País, sustentó su Acusación constitucional N° 300, señalando que las visitas que los acusados realizaron a los ministerios de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda y Construcción, tuvo el objetivo de influir en la entrega de obras para sus jurisdicciones, conseguir puestos de trabajo y recibir prebendas, a cambio de sus votos en favor del Poder Ejecutivo.

Se trata de la denuncia contra los congresistas de la bancada de Acción Popular: Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancachi, Jhaec Darwin Espinoza Vargas, Ilich Fredy López Ureña y Elvis Hernán Vergara Mendoza.

A ellos se les acusa de la presunta infracción de los artículos 38 y 39 de la Constitución; y la presunta comisión de los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias tipificados en el Código Penal.

OFICINA DE COMUNICACIONES