Satisfecho por haber cumplido las metas previstas en el Periodo Anual de Sesiones 2024-2025 al dictaminar casi el 100 % de los proyectos de ley, se manifestó el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco), Manuel García Correa (APP), quien destacó la aprobación de normas que impactan directamente en la vida diaria y la salud de los consumidores y usuarios.

El parlamentario hizo hincapié en la importancia de la promulgación de leyes y consideró que, pese a que hay mucho por hacer, han avanzado en forma significativa.

En particular, García Correa saludó la ley antitabaco, que regula, por primera vez, la comercialización del cigarrillo electrónico y los vapes; la ley antispam, que defenderá a los consumidores del acoso; la ley para dar de baja a las líneas telefónicas en casos de utilización a llamadas con contenido delictivo, y la ley para acceder a mejores condiciones financieras, entre otras.

LEYES

En el Periodo Anual de Sesiones 2024-2025, la comisión impulsó la aprobación y publicación de nueve leyes destinadas a defender a los usuarios de productos peligrosos, del perjuicio de los spams, la protección frente a los cobros excesivos de agua potable; y entre otros, la regulación de informes de denegatoria del crédito y el control del consumo del tabaco.

En efecto, se refiere a la concreción de propuestas que la comisión logró convertir en leyes hasta el 3 de julio del presente año, que defienden al consumidor en salud, seguridad, regulación y control de información y otros. Ellas son:
-Ley 32262, creada para proteger a los usuarios del servicio de agua potable de cobros excesivos derivados de lecturas atípicas.

-Ley 32230 destinada a fortalecer el sistema de alertas de productos y servicios peligrosos a fin de salvaguardar la salud y la seguridad de los consumidores o de sus bienes.

-Ley 32323 que amplía las restricciones contra las comunicaciones comerciales no solicitadas, conocidas como spam. Refuerza la prohibición de las llamadas y mensajes no deseados.

-Ley 32327 que facilita los trámites en las centrales de riesgo para corregir el historial crediticio del usuario.

-Ley 32159 que tiene el objetivo de proteger la salud pública de las graves consecuencias del consumo del tabaco, nicotina y sus sucedáneos.

-Ley 32294 establece que las entidades financieras deben informar a los solicitantes de créditos las razones por las que se les rechaza su solicitud, siempre que la pidan.

-Ley 32303 que fortalece las herramientas legales para la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado a través del uso de datos derivados de las telecomunicaciones. La policía podrá solicitar de inmediato el acceso a los datos de localización, geolocalización y rastreo de celulares u otro dispositivo electrónico.

-Ley 32360, que fortalece la competencia del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) en la difusión de los derechos y deberes de los usuarios que utilizan dichas infraestructuras.

-Ley 32177, Ley que regula el otorgamiento de dietas y la realización de sesiones de los diferentes órganos resolutivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)

DICTÁMENES

El grupo de trabajo trabajó sobre 54 proyectos de ley que ingresaron a la comisión y logró aprobar 27 dictámenes de un total de 52 iniciativas de ley que tienen el objetivo de defender al consumidor.

Uno de ello es el dictamen que recomienda el allanamiento de la autógrafa observada recaída en el PL 4277 que propone regular el procedimiento de la venta y la devolución del costo de las entradas a conciertos. Es de autoría de la congresista Digna Calle Lobatón (PP).

También está el dictamen recaído en el PL 9656, de autoría de la congresista María del Carmen Alva Prieto (NoA), que plantea una ley que sanciona la activación de tarjetas SIM sin el consentimiento del titular. La autógrafa fue observada el 13 de mayo pasado.

De otro lado, entre los dictámenes aprobados se encuentran el fortalecimiento del sistema de alertas de productos y servicios peligrosos; fortalecimiento de la competencia del organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público (Ositran) en la difusión de los derechos y deberes de los usuarios que utilizan dichas infraestructuras.

Asimismo, la eliminación de la exoneración del pago de costos y costas en el procedimiento administrativo sancionador por allanamiento y reconocimiento del proveedor; incrementar la protección al pasajero aéreo fortaleciendo las compensaciones por retrasos y sobreventa de pasajes (overbooking); y otros.

SESIONES REALIZADAS

La comisión realizó 19 sesiones ordinarias y tres extraordinarias. Asimismo, cinco audiencias públicas descentralizadas: tres en Piura, en Madre de Dios y Tacna.

Además, organizó dos foros: uno denominado Perú: transición justa hacia estilos de vida sostenibles Día Mundial del Consumidor 2025; y “Oportunidades y desafíos regulatorios para una alimentación saludable en el Perú”.

FISCALIZACIÓN

Con relación al control político se realizaron tres visitas de inspección. Entre las acciones realizadas se verificó el estándar de calidad en el servicio público de agua y saneamiento con una visita a la sede de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) en Piura; el avance de la puesta en funcionamiento e inspección de las áreas para la atención de reclamos de los usuarios en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao.

Además, supervisó la planta de tratamiento de agua potable de San Juan de Curumuy, un caserío ubicado en el distrito de Piura, para atender los reclamos por las interrupciones del servicio y la calidad de éste.

También fueros fiscalizados los servicios financieros donde los mayores problemas fueron las transacciones no reconocidas, caída de plataformas digitales, filtración de datos personales y sobre la orientación y educación en ese sector. Fue convocado el titular de la Superintendencia de la Banca, Seguros y AFP, entidad que emitió normas para mejorar la protección de los usuarios.

Fiscalizó el servicio de saneamiento en calles de la ciudad de Piura; y en materia de salud fueron identificados problemas de desabastecimiento y escasez de medicamentos e insumos, deficiente calidad de atención y falta de atención médica y especialistas.

Finalmente, indicó que se imprimió un millar de cartillas del consumidor que fueron repartidas a nivel nacional a las 1831 municipalidades con las direcciones actualizadas de los organismos gubernamentales que tienen como misión defender a los consumidores.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL