Ante el Pleno del Congreso, la subcomisión acusadora expuso esta mañana el informe final recaído en la Denuncia Constitucional 373, el cual recomienda acusar a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por haber supuestamente infringido dos artículos de la Constitución, y plantea su inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de diez años.

El congresista Esdras Medina Minaya (NA), integrante de la subcomisión, sostuvo que la cuestión analizada y decidida, versó únicamente en la denuncia en la infracción específicamente del inciso 3) del artículo 156 y el inciso 3) del artículo 139 de la Carta Magna.

Congresista Esdras Medina interviene en la sesión del Pleno. (Congreso de la República/JReátegui)

En tal sentido, concluye en acusar a la entonces presidenta de la JNJ, Imelda Julia Tumalán Pinto; al vicepresidente Aldo Alejandro Vásquez Ríos; y a los miembros de esa entidad Henry José Ávila Herrera, Antonio Humberto De La Haza Barrantes, María Amabilia Zavala Valladares, Guillermo Santiago Thornberry Villarán y a Luz Inés Tello de Ñecco.

El parlamentario explicó, con detalle, los aspectos jurídicos del análisis de las infracciones constitucionales, habida cuenta de que la primera acusación trata sobre la naturaleza del límite superior etario o de edad de 75 años y que, de los medios probatorios actuados, se tiene que dichos límites fueron considerados únicamente por los integrantes de la Comisión Especial para la selección de los miembros de la JNJ.

Asimismo, concluye en recomendar remitir al Ministerio Publico el referido documento con la posible comisión de ilícitos penales que involucrarían, al no aforado Juan Carlos Cortés Carcelén, actual secretario general de la JNJ.

En el informe se refiere específicamente a Aldo Alejandro Vásquez Ríos, quien fue presidente de la entidad al momento de la designación de Cortés Carcelén en el cargo en mención, dado que habría laborado como consultor para la Comisión Especial y habría participado en la evaluación y desarrollo de los exámenes para los postulantes que resultaron elegidos.

Dijo que esa situación implicaría un grave conflicto de interés, además de cometer presuntamente los delitos de comisión y tráfico de influencias, entre otros tipos penales.
En ese sentido, plantea recomendar a la SAC se inicie el procedimiento respectivo en relación a los aforados y los hechos recientemente advertidos.

Antes, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano (APP), también integrante de la subcomisión acusadora, se refirió al proceso que se siguió para evaluar el caso jurídicamente y presentar todos los antecedentes correspondientes.

Congresista Lady Camones interviene en la sesión del Pleno. (Congreso de la República/JReátegui)

Refirió que la denuncia fue presentada el 10 de mayo del 2023 por el congresista Jorge Carlos Montoya Manrique (RP) por la presunta infracción constitucional a dos artículos de la Constitución; y por la probable comisión de los delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, nombramiento ilegal, cohecho pasivo específico y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, regulados en el Código Penal.

Refirió que en la subcomisión a su cargo se declaró procedente su admisión a trámite e improcedente por los otros delitos que se les imputaba.

También hizo hincapié en los medios de pruebas ofrecidos en la denuncia, se escuchó los descargos y la exposición de los fundamentos jurídicos.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL