La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que fue dirigida hoy por el congresista Jorge Montoya Manrique (HyD), analizó tres denuncias constitucionales. Una de ellas fue contra el expresidente Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, a quien se le archivó  su caso debido a que antes se declaró improcedente una denuncia en la que fue acusado por los mismos hechos que comprenden otras denuncias que están en su fase final acusatorio.

En la sesión se hizo alusión al principio de no procesar dos veces por los mismos hechos a una misma persona, salvo la presentación de nuevas pruebas y en un nuevo periodo legislativo anual.

Asimismo, se explicó que el caso tiene que ver con la designación del secretario general del Despacho Presidencial en la gestión del expresidente Pedro Castillo, quien se habría reunido con Sagasti Hochhausler a fin de que los requisitos para ese cargo sean diferentes.

De acuerdo a la propuesta de informe de calificación, elaborado por la secretaría técnica de ese grupo de trabajo legislativo, Sagasti Hochhausler también es acusado de ordenar, de forma inconstitucional, el pase al retiro de varios tenientes generales, como consecuencia de la designación del general César Cervantes Cárdenas como comandante general de la Policía Nacional del Perú. Este es un caso comprendido en una denuncia anterior que se encuentra en su fase final.

En otro momento, tuvo el mismo destino el Informe de Calificación 491, interpuesta por la fiscal suprema Delia Milagros Espinoza Valenzuela contra Félix Inocencio Chero Medina, por su actuación como ministro de Justicia, a quien se le acusado de los presuntos delitos de patrocinio ilegal, falsedad genérica y otros. Otro es contra Henry José Ávila Herrera por su actuación como miembro de la Junta Nacional de Justicia, por el posible delito de cohecho pasivo.

Por 14 votos a favor, tres en contra y una abstención fue declarada inadmisible por no cumplir con requisitos establecidos en el Reglamento del Congreso de la República.  Empero, se aprobó el otorgamiento de un plazo de tres días hábiles a la parte denunciante para subsanar omisiones advertidas.

Finalmente, fue archivada la Denuncia Constitucional 422, interpuesta por el ciudadano Nolberto Alejandro Rubio Flores en contra de Imelda Julia Tumialán Pinto, por su actuación como miembro de la Junta Nacional de Justicia debido a una supuesta infracción a la Constitución y haber cometido supuestamente delitos de abuso de autoridad, omisión y rehusamiento de actos funcionales.

La razón de su archivamiento fue el incumplimiento de criterios de procesabilidad respecto a hechos que no constituyen infracción a la Constitución. Su archivamiento fue aprobado con 16 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.