Con 53 votos a favor, 9 en contra y 15 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó -en primera votación- el dictamen recaído en los proyectos de ley 6303/2023-CR y 7233/2023-CR, que autorizan al Ministerio de Trabajo efectuar el cálculo de compensación económica y ejecución de beneficios de ex trabajadores inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente de la Ley 31218 y conexas.

La iniciativa fue sustentada por la congresista Edhit Julón, presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, quien sostuvo que la propuesta tiene opiniones favorables de los ministerios de Economía y Trabajo y Defensoría del Pueblo, entre otras entidades.

Durante el debate, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, sostuvo que la iniciativa es muy importante porque beneficia a ex trabajadores de la ex banca de fomento, minero, industrial, popular y agrario.

“El problema ha surgido cuando el cálculo se ha dado con el monto al salario mínimo vital del año 2002, por consiguiente la compensación es un monto irrisorio e ínfimo, porque evidentemente se está usando como base un monto de 20 años atrás”, alegó el titular del Parlamento.

Por ello, Salhuana planteó un cálculo actualizado al beneficio de compensación económica, el cual consideró debe ser justo.

Al respecto, el parlamentario Alejandro Cavero dijo que el Estado gasta alrededor de 100 mil millones en planillas, el cual no funciona y la gente lo ve porque no está cómoda con los servicios públicos que se le brindan.

“El trabajo no es caridad ni un programa social, el trabajo digno es aquel que se puede conseguir tanto en el Estado como en el sector privado. Y no hay mejor programa social que crear riqueza a través del trabajo”, sostuvo.

La propuesta busca beneficiar a los trabajadores perjudicados por los ceses colectivos efectuados en las empresas del Estado sujetas a procesos de promoción de la inversión privada, además de los afectados que laboraron en entidades del sector público.

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