En el periodo de 2010–2016, 63 mil 316 extranjeros que estuvieron residiendo en el Perú no registraron movimiento migratorio de salida del país, de acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Así lo informó la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Problemática del Emigrante Extranjero en el Perú, congresista María Cordero Jon Tay (FP), en una reunión que sostuvo con representantes diplomáticos, de la Defensoría del Pueblo e instituciones del movimiento migratorio nacional.
Anotó que entre el 2004 y 2006 el número de extranjeros por año no superaba los 4 mil; a partir de 2007 la cifra superó los 6 mil extranjeros y en lo que va de este año la cifra de extranjeros en el país alcanzó los 10 mil 247.
La legisladora manifestó que esta situación alarmante y despreocupante por parte del Gobierno se debe a las deficiencias de la actual regulación migratoria: se vulnera el principio de razonabilidad al no existir una gradualidad de penas ni siquiera se toma en consideración a las personas; se vulnera el principio de legalidad, porque algunas conductas no se encuentran definidas ni desarrolladas, no obstante que son actos contra la seguridad del Estado, orden público y defensa nacional.
“Esta situación ha sido ocasionada por la irresponsabilidad de los actuales gobernantes, porque no se puede concebir que no se sepa el paradero de miles de extranjeros ilegales que están en el país”, expresó.
Respecto a la contratación de trabajadores extranjeros, manifestó que los trámites son engorrosos y se exige un apoderado por cada expediente. Anotó que cada uno implica un costo elevado (cartas del exterior con datos pormenorizados de los contratos). Puntualizó que la ley para la contratación de esos trabajadores (Decreto Legislativo Nº 689) y su reglamento establecen limitaciones a los derechos laborales de los extranjeros, lo cual es cuestionable desde todo punto de vista.
Consideró que se debe implementar una plataforma de “interoperatibilidad” en materia migratoria, en particular con el Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de tener un sistema integrado de información. Indicó que el Ministerio del Interior debe cumplir los fallos emitidos por el Poder Judicial en procesos constitucionales (Art 22 del Código Procesal Constitucional).
Cordero Jon Tay remarcó que la Ley de Extranjería no contempla la realidad de los migrantes extranjeros, los que están en una situación de vulnerabilidad, afectando más a mujeres y niños que son víctimas de trata de personas y de prostitución infantil. “La política migratoria actual debe priorizar la seguridad y no desconocer la protección a los derechos fundamentales de los migrantes”, subrayó.
Enfatizó que la Constitución peruana reconoce el derecho a la igualdad y la no discriminación, pero anotó que de manera expresa no reconoce la no discriminación por nacionalidad (sí por origen). Agregó que algunos artículos establecen una regulación específica para las personas peruanas y no peruanas, como el derecho a usar su propio idioma y límites al derecho a la propiedad.
Exigió al Gobierno que reglamente la nueva Ley de Migraciones a fin de que no se siga cometiendo abusos contra los ciudadanos extranjeros que visitan el Perú con fines turísticos o con el propósito de hacer empresa. “Por lo menos que reglamente la Ley de Migraciones porque pedir que haga los mismo con las 60 leyes que tiene sin reglamentar, es un imposible”, expresó.
Agregó que es imprescindible que la normatividad de la nueva Ley de Migraciones esté vigente totalmente, para bienestar del ciudadano extranjero y la buena imagen del país.
Lo expresado por la representante de Fuerza Popular fue destacado y respaldado por los representantes de la Cancillería, Carlos Polo Castañeda y Carlos Vallejo Martel; por la subgerente del Movimiento Migratorio, Rosario Lizzete Carrillo; por el gerente de Política Migratoria, Alejandro Delgado Gutiérrez; y de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo Torres.
Todos coincidieron en señalar que es necesaria la reglamentación de la norma migratoria, cuya fecha de vencimiento se cumple en junio próximo. (jon).

PRENSA-CONGRESO