El Pleno del Congreso aprobó que el proyecto de ley de simplificación administrativa y promoción de la inversión minera retorne a la Comisión de Descentralización para un mayor análisis y debate, a pedido de la bancada del Frente Amplio (FA). Fue por 89 votos a favor, cero en contra y 20 abstenciones.

 La propuesta legislativa promueve e impulsa la inversión privada en el sector minero, orientada a mejorar los niveles de desarrollo económico y social de la nación.

 El proyecto de ley tiene como objetivos simplificar los procedimientos administrativos relacionados con la implementación y ejecución de proyectos de inversión minera, así como promover e impulsar la inversión privada en el sector, respondiendo a estos planes con certeza, simplicidad, publicidad, uniformidad y eficiencia. Así de esta forma se debe promover el incremento de la productividad, la innovación tecnológica, el desarrollo de capacidades laborales y sostenibles del agua y el cuidado ambiental.

 Con relación a la simplificación, propone que las entidades públicas que en ejercicio de sus competencias y funciones son responsables de los procedimientos administrativos, como autorización de actividades de exploración minera, inicio de desarrollo y construcción de mina o planta, inicio de explotación de mina, al igual que la implementación en forma conjunta de un servicio de ventanilla única que organice la atención, agilizando trámites, unificando criterios y vigilando con razonabilidad y eficiencia.

 Asimismo, es responsable el Ministerio de Energía y Minas de organizar el funcionamiento de este servicio, garantizando los principios y finalidades enunciados en el artículo anterior, para lo cual promueve y gestiona los convenios y la delegación de facultades que fueran necesarias.

 El proyecto de ley  considera que los procedimientos administrativos relacionados con la implementación y ejecución de proyectos de inversión minera, deben ser asistidos con diligencia para el mejor cumplimiento de sus obligaciones y disponer de un servicio de atención eficaz para formular reclamos acerca del cumplimiento de normas y plazos.

 Además, en los casos de inversión en proyectos de mayor escala, será posible tener un canal de atención y seguimiento especial dentro del servicio de ventanilla única. En cada caso, el titular de la entidad y bajo responsabilidad, organiza un servicio de Defensoría del Administrativo, así como monitorear y evaluar la forma de garantizar esos derechos.

 En su sustentación, la presidenta de la Comisión de Descentralización, María Aramayo Gaona (FP), afirmó que la propuesta fue aprobada por unanimidad en la comisión que preside, planteando la necesidad de concertar con todas las entidades involucradas para que reconozcan a la ventanilla única de atención como el instrumento adecuado con el fin de atender a los inversionistas privados.

 “El texto también reconoce los derechos de los comprometidos en los proyectos a recibir asistencia y orientación, pero también disponer de un procedimiento de reclamo a cerca del cumplimiento de plazos y normas”, sostuvo. (JARVI)

PRENSA-CONGRESO

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