La Comisión de Fiscalización y Contraloría, presidida por el congresista Elvis Vergara (bancada AP), desarrolló una sesión descentralizada en el auditorio del Instituto Superior Tecnológico Cap. FAP José Abelardo Quiñones, en la región Tumbes, donde evaluó presuntas irregularidades en la gestión pública regional, obras paralizadas, ejecución presupuestal y servicios esenciales vinculados a salud, educación e infraestructura.

AUSENCIA DE AUTORIDADES REGIONALES

Durante la sesión, el congresista Héctor Ventura (bancada FP) cuestionó la inasistencia de la gobernadora regional encargada de Tumbes, Avelina del Rosario Palacios Palacios de Lama, pese a que, según indicó, fue válidamente notificada.

El parlamentario sostuvo que la presencia de la autoridad regional resultaba clave para explicar ante la población los avances, observaciones y cuestionamientos formulados contra la gestión del Gobierno Regional.

Ventura remarcó que la citación representaba una oportunidad para aclarar presuntos actos irregulares y responder por la ejecución presupuestal desde el 1 de enero de 2023 hasta la fecha, principalmente en los sectores salud y educación. Además, advirtió que no sería la primera vez que una autoridad regional se excusa de participar en una reunión de fiscalización.

Sin embargo, en representación del Gobierno Regional de Tumbes, el gerente general informó sobre los resultados de gestión y ejecución presupuestal, con énfasis en la situación del Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría —JAMO II-2— y del Hospital de Apoyo Saúl Garrido Rosillo —SAGARO II-1—.

Según la exposición, el proyecto del Hospital JAMO continúa en ejecución y permanece bajo revisión de la Procuraduría, que solicitó un peritaje para determinar su estado. En el caso del Hospital de Apoyo Saúl Garrido Rosillo, se informó que la inversión asciende aproximadamente a S/ 231.4 millones y que beneficiaría a unas 200 mil personas.

Asimismo, el funcionario reportó un avance de 60 % financiero y 36 % físico, además de un déficit aproximado de S/ 55 millones, por lo que se habría solicitado una demanda adicional para continuar con el proyecto.

Ante la falta de información completa, la comisión acordó que las áreas técnicas remitan por escrito los datos solicitados. El presidente del grupo de trabajo precisó que no se podía continuar la representación sin la presencia del titular del pliego, aunque agradeció la participación del representante regional.

DENUNCIAS SOBRE CORRUPCIÓN

Por su parte, la congresista Magally Santisteban (bancada FP)  afirmó que Tumbes cuenta con condiciones para convertirse en un eje económico y turístico del norte del país; sin embargo, sostuvo que la falta de obras, la desidia administrativa y la corrupción frenaron su desarrollo durante años.

La parlamentaria señaló presuntos actos irregulares en el Gobierno Regional, la Dirección Regional de Transportes y otras instituciones públicas. Según indicó, malos funcionarios habrían utilizado recursos públicos en beneficio personal y familiar.

Santiesteban pidió que el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen con celeridad para establecer responsabilidades penales. También advirtió que cada sol perdido por corrupción se traduce en obras inconclusas, hospitales sin equipamiento, carreteras en mal estado y familias que siguen esperando servicios básicos como agua potable.

INFORMES DE CONTROL EN TUMBES

El gerente regional de Control de Tumbes encargado, Harrison Antonio Godoy Barreto, presentó los resultados de los servicios de control ejecutados en el Gobierno Regional de Tumbes y en la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar.

Godoy informó que la Contraloría emitió, entre 2021 y 2024, 100 informes de control vinculados al Hospital Regional y al Gobierno Regional de Tumbes. Además, detalló que se identificaron situaciones adversas, recomendaciones, 3 servicios de control específico, 7 acciones de oficio posterior y 3 informes con presunta responsabilidad penal elevados al Poder Judicial entre 2024 y 2025.

Uno de los casos expuestos corresponde al presunto pago indebido de guardias hospitalarias a profesionales que no debían recibir ese beneficio. Según la información presentada, dicho hecho generó un perjuicio económico superior a S/ 665 mil y actualmente se encuentra en la vía civil para determinar responsabilidades.

COLEGIO TÚPAC AMARU Y SERVICIOS BÁSICOS

En otro momento, el congresista Ventura denunció el mal estado de la institución educativa Túpac Amaru, ubicada en Pampa Grande. El legislador sostuvo que las paredes presentan riesgo, los servicios higiénicos se encuentran en condiciones inhumanas y los docentes enfrentan dificultades para dictar clases debido al deterioro de pizarras, carpetas e implementos educativos.

Ventura indicó que ya se había realizado una acción de fiscalización y que la Contraloría conocía el caso. Sin embargo, cuestionó que hasta el momento no existan respuestas claras ni avances sobre una intervención. Además, advirtió que funcionarios vinculados a presuntos actos de corrupción no deberían continuar dentro de la actual gestión regional.

En tanto, el presidente de la Comisión de Fiscalización solicitó precisiones sobre el procedimiento que sigue la Contraloría después de identificar presuntas responsabilidades penales. Mencionó, como ejemplo, la obra de pistas y veredas de la calle Tarapacá, donde se habrían detectado dos responsabilidades penales.

Ante ello, el representante de la Contraloría explicó que la entidad recopila información, ejecuta servicios de control posterior y emite informes cuando encuentra evidencias suficientes de un presunto ilícito penal. Luego, remite esos documentos a la Procuraduría de la Contraloría y al Ministerio Público, entidad que conduce la acción penal y puede formalizar la denuncia ante el Poder Judicial.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL