El dictamen que modifica los artículos 34-A, 39-B y el inicio 22 del artículo 139 de la Constitución Política, Ley que garantiza la idoneidad para el ejercicio de la función pública, pasó a cuarto intermedio para consensuar el texto final.

Se trata del dictamen recaído en los proyectos de ley 672, 682, 1244, 1374, 2726, 2922, 3249, 3260, 3342, 3581, 3848, 3901, 3911, 4121, 4158, 4194, 4240, 4253, 4287 y 4307.

Al sustentar el dictamen, la congresista Martha Moyano Delgado (FP), presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, señaló que la norma busca fortalecer el sistema democrático a fin de garantizar que en los procesos electorales se cuente con mecanismos que aseguren en mayor medida la idoneidad de los candidatos para acceder y ejercer la función pública sea por elección popular o designación.

El dictamen precisa que, están impedidas de postular a cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso.

El impedimento resulta aplicable hasta diez años después de haber sido rehabilitadas, en el caso de las personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada en calidad de autoras, cómplices o instigadoras por la comisión dolosa de los tipos penales referidos al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas, secuestro, contra la seguridad nacional y traición a la patria, contra los poderes del Estado y el orden constitucional.

Del mismo modo, están impedidos de ejercer la función pública, mediante designación en cargos de confianza, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso.

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