Promueven contratación de víctimas de violencia familiar
Centro de Noticias del Congreso
24 Nov 2022 | 22:10 h
Previo a conmemorar el día internacional para eliminar la violencia contra la mujer, el pleno del Congreso aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley N°1368, que busca promover la contratación laboral de mujeres víctimas de violencia familiar en el sector privado.
La presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Sigrid Bazán Narro (CM-JPP), indicó que la iniciativa legislativa, aprobada por 105 votos a favor, plantea que toda empresa que emplee a una víctima, de cualquier tipo de violencia familiar, acceda a una deducción adicional sobre las remuneraciones y beneficios económicos que se le paguen a esta persona, monto que será fijado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
La legisladora indicó que es necesario que la víctima de violencia continúe con la denuncia ante el Ministerio Público o el proceso correspondiente en el juzgado de familia, hasta obtener una sentencia consentida o ejecutoriada, para mantener este beneficio.
De igual manera, el secretario de la Comisión de la Mujer y Familia, Jorge Marticorena (PB), indicó que el texto sustitutorio presentado, contiene cinco artículos y una disposición complementaria, la cual estipula que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la norma en un plazo máximo de sesenta días calendario, contados a partir de su vigencia.
La parlamentaria Magaly Ruiz Rodríguez (APP) afirmó que las mujeres violentadas son un grupo vulnerable, ya que en muchas ocasiones están impedidas de acceder a un puesto laboral. Por su parte, la legisladora Tania Ramírez (FP) emplazó al Poder Ejecutivo a promulgar pronto esta norma. La congresista Karol Paredes (AP) resaltó la importancia de la norma e instó al Poder Ejecutivo que realice su pronta reglamentación.
Rosangella Barbarán (FP), afirmó que esta medida tiene como objetivo brindarle independencia económica a la víctima de violencia, quien en ocasiones continúa con su agresor por el chantaje económico que sufre.
Durante el debate, también se indicó que en Colombia y Argentina existen normas similares a la que se plantea implementar.
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