El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, Alberto de Belaunde (PPK), informó esta noche que su grupo de trabajo multipartidario tendrá como prioridad -en esta legislatura- la pronta discusión y aprobación del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo para el inmediato funcionamiento de Interjusticia que permitirá coordinar medidas en materia de impartición de la justicia.

 Tal fue el anuncio final que hizo tras la presentación de la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, ante la Comisión de Justicia del Congreso donde sustentó el referido proyecto de ley y explicó los avances del Plan Nacional de Derechos Humanos, además de otros asuntos inherentes a su sector.

De Belaunde dijo que lo que busca InterJusticia es crear un espacio donde tendrán asiento los máximos representantes del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura y de la Academia de la Magistratura «que hasta el día de hoy no existe y que constituye una medida importante para la reforma de la justicia».

 «Me he comprometido a darle prioridad y he conversado con varios colegas de la Comisión de Justicia. He encontrado una muy buena predisposición para aprobarlo en el menor tiempo posible. Si la aprobación del proyecto de ley no ocurre en la próxima sesión, será en la siguiente que se convoque luego de la Semana de Representación», informó el legislador oficialista.

CASO TOLEDO

 Tras su exposición, la ministra de Justicia respondió varias interrogantes de los congresistas miembros de la Comisión de Justicia y allí anunció la pronta presentación de dos proyectos de ley que está elaborando su sector a fin de regular el pago de la reparación civil para los sentenciados por terrorismo, por ejemplo para que ésta sea imprescriptible.

 Pérez Tello entregó al presidente de la Comisión de Justicia las conclusiones del estudio jurídico contratado por el Estado Peruano -Foley Hoag- para que lo asesore en el trámite de la extradición al ex presidente Alejandro Toledo, en donde se dice que el plazo promedio para que un prófugo latinoamericano sea repatriado a la justicia de su país de origen oscila entre dos a cuatro años.

 Respecto a este tema, la ministra de Justicia reiteró que haría bien el ex gobernante Toledo Manrique presentarse voluntariamente a la justicia peruana para responder ante los tribunales por los dos casos judiciales que afronta: el millonario soborno que habría recibido del consorcio brasileño Odebrecht a cambio de favorecerla con la licitación de dos tramos de la carretera interoceánica, y por el presunto lavado de activos de Ecoteva.

 Pérez Tello dijo que el gobierno de Estados Unidos le ha remitido a su sector el modelo para que el Estado Peruano realice el trámite de la extradición, el mismo que será entregado al Poder Judicial y al Ministerio Público para los fines respectivos. (JSR)

 PRENSA CONGRESO  12-09-17

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