Frente al incremento del 100 %  del número de accidentes laborales con consecuencia mortal, registrado en agosto del 2019, en comparación a todo el período del año anterior, los miembros del Grupo de Trabajo que analiza el Decreto de Urgencia 044 – 2019, que establece medidas para fortalecer la protección de la salud y la vida de los trabajadores, expresaron su preocupación y defendieron el derecho al trabajo en condiciones seguras.

En la sesión efectuada el martes 21 de enero, y en la que participaron funcionarios del Ministerio de Trabajo y de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), la coordinadora del grupo, Milagros Salazar de la Torre, sostuvo: “No podemos aceptar tanta indolencia por parte del gobierno. Son vidas humanas de jóvenes las que se perdieron en los accidentes de la Galería Nicolini y McDonald’s. Tenemos que valorar la vida de un ser humano”.

En su intervención, la directora general de la Dirección General de Políticas para la Promoción de la Formalización Laboral e Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Luz Irene Orellana Bautista, indicó que “a pesar de todos los esfuerzos, y del incremento de acciones desde el punto de vista de fiscalización laboral y preventivo en materia de seguridad y salud en el trabajo, tenemos una tendencia a que los accidentes mortales se incrementen en los últimos años”.

Dijo que esta situación motivó que en diciembre del 2019 se emitiera el Decreto de Urgencia 044 – 2019, dispositivo legal que permite el cierre temporal del área de una unidad económica, o una unidad económica, paralización y/o prohibición inmediata de trabajos.

“Como medida preventiva se autoriza al inspector el cierre temporal del área o unidad productiva donde se mantenga el riesgo de accidente mortal. El plazo queda sujeto a las actuaciones inspectivas”, indicó.

La funcionaria subrayó, además, que se considerará como infracción a la obstrucción de la labor inspectiva.

El Decreto de Urgencia contempla sanciones por infracciones administrativas -multas y cierre temporal-, que se aplicarán según criterios de gravedad de la falta cometida, el número de trabajadores afectados y el tipo de empresa.

En la sesión, el intendente nacional de Inteligencia Inspectiva de la Sunafil, Jesús Eloy Barrientos Ruiz, explicó que el dispositivo legal considera una partida de 43 millones de soles para fortalecer la labor de inspección e informó que se cuenta con 723 inspectores laborales, los mismos que atienden entre 14 a 15 órdenes diarias de inspección, lo que resulta insuficiente.

“Se necesita 934 inspectores distribuidos en todo el país para garantizar las condiciones mínimas y cumplir con la meta trazada al 2020 de 140 mil inspecciones”, señaló. A ello debe agregarse que para este año se requieren cinco intendencias en regiones como Amazonas, Ucayali, Huancavelica, Apurímac y Tacna.

Al respecto, la congresista Salazar de la Torre criticó que el Ejecutivo no haya considerado la solución del grave problema en el Presupuesto Nacional 2020, y observó que la muerte de dos jóvenes a fines del año pasado los obligó a emitir el Decreto de Urgencia 044 – 2019.

La parlamentaria planteó la necesidad de estar atentos al uso eficiente de los 43 millones de soles para que realmente beneficie al trabajador y no se emplea en otros fines, como, por ejemplo, las consultorías. Participaron en la sesión las parlamentarias Indira Huilca Flores y Lizbeth Robles Uribe.

CENTRO DE NOTICIAS
PRENSA-CONGRESO 21-01-2020

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