El Pleno del Congreso, aprobó con 79 votos a favor, 16 en contra y 11 abstenciones, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 07278/2023-CR, que modifica el Decreto Legislativo 1607, Decreto Legislativo que modifica la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado – para derogar su disposición complementaria final primera.

El texto en su artículo único, deroga la disposición complementaria final primera del Decreto Legislativo 1607, Decreto Legislativo que modifica la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado.

El congresista Segundo Quiroz Barboza (BMCN), presidente de la Comisión de Energía y Minas, consideró necesario atender la solicitud realizada a nivel nacional por parte de los mineros en proceso de formalización, pues calificó la norma dada por el Poder Ejecutivo como injusta.

“Han ingresado seis proyectos de ley de distintos grupos parlamentarios, dónde se destacaba que dicha medida legislativa dictada por el Poder Ejecutivo -vía facultades delegadas del Congreso de la República- es una medida inconveniente para atender la compleja problemática de formalizar a la pequeña minería y minería artesanal” refirió el legislador Quiroz Barboza.

A ello se sumaron los congresistas Guido Bellido Ugarte (PB), Alex Paredes Gonzales (BMCN), Elizabeth Medina Hermosilla (BMCN), Martha Moyano Delgado (FP), entre otros, quienes fueron enfáticos en rechazar la referida norma, sustentando que el Congreso de la República no confirió facultades al poder Ejecutivo para penalizar actividades vinculadas a la minería.

“La Comisión de Constitución y este Pleno, jamás dio la posibilidad de que se legisle con ese Decreto Legislativo nada referente a la minería. Si el Ejecutivo necesita hacer otras cosas, va a tener que presentar su proyecto de ley y aquí lo debatimos”, aseveró Moyano Delgado.

El congresista Waldemar Cerrón Rojas (PL) agregó que esta derogatoria nos permitirá a actuar de acuerdo a la democracia y el estado de derecho, “Así evitaremos posibles conflictos sociales, ya que los mineros artesanales están protestando contra el decreto legislativo que les dificulta el proceso de formalización”, acotó.

A su turno, el congresista Eduardo Salhuana Cavides (APP) dijo que el problema de fondo debe estar enfocado en el proceso de formalización, “Sin embargo el gobierno lo que ha hecho es meter de contrabando una norma, para adelantar los plazos que este Congreso ya lo dio, porque el proceso de formalización concluye el 31 de diciembre de 2024 según la ley aprobada”, agregó.

Por su parte, la legisladora Ruth Luque Ibarra (CD-JPP) se mostró en contra de la propuesta, pues refirió que lo mínimo que se le debería exigir a la minería informal, es la licencia y autorización especialmente en el caso de uso de explosivos.

“El tema de fondo sigue, pues hay contaminación y crecimiento de acciones ilícitas, con esta derogatoria se abre una puerta mucho más peligrosa” planteó.

El pleno del Congreso aprobó también con 79 votos a favor, la exoneración de la segunda votación.

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