El Pleno del Senado de la República aprobó las solicitudes presentadas por el Poder Ejecutivo para la prórroga de estados de emergencia, en el marco de regímenes de excepción cuyos plazos vencían el 4 de noviembre de 2026.

Asimismo, el Senado autorizó la continuidad de las medidas por el plazo prorrogado de sesenta (60) días calendario. Conforme al marco constitucional y reglamentario, esta decisión permite que el régimen extraordinario mantenga su vigencia durante el período adicional aprobado, bajo control parlamentario.

Antes de la votación, la senadora Mirtha Vásquez Chuquilín (Ahora Nación) expresó su preocupación por las solicitudes presentadas de manera recurrente por el Poder Ejecutivo para prorrogar los estados de emergencia, señalando que no se tiene claridad sobre sus efectos y resultados, por lo que, a su juicio, no corresponde convalidar ni continuar ampliando dichos regímenes sin una evaluación previa de su impacto.

Los estados de emergencia cuya prórroga fue aprobada fueron:
Con 38 votos a favor, fue aprobada la prórroga para los distritos de Satipo (Pangoa y Río Tambo), así como los distritos de La Convención (Cusco) y La Mar (Ayacucho), dictada a través del Decreto Supremo N.° 125-2026-PCM.

Con 51 votos a favor, fue aprobada la prórroga para Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos (provincia de Piura); Sullana y Bellavista (provincia de Sullana); y Paita y Talara (provincia de Piura), establecida en el Decreto Supremo N.° 126-2026-PCM.

Con 47 votos a favor, fue aprobado la prórroga para establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad: Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones, dictada a través del Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM.

ALCANCES

Con la aprobación de las prórrogas, los estados de emergencia mantienen su vigencia por el plazo adicional establecido en los decretos aprobados, asegurando la continuidad de las acciones previstas para enfrentar situaciones excepcionales.

En el caso del Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, se mantiene la intervención del INPE y la actuación de la PNP, con apoyo de las Fuerzas Armadas para la protección del perímetro, así como un radio de 200 metros alrededor de los establecimientos. La medida contempla la restricción o suspensión de derechos vinculados al tránsito, reunión y seguridad personal dentro del ámbito de los penales, sin afectar derechos esenciales como vida, integridad, salud, defensa y debido proceso. El INPE conserva la administración y custodia.

Finalmente, el presidente del Senado, Miguel Torres Morales, señaló que los acuerdos aprobados serán publicados y remitidos a la Presidencia de la República, de acuerdo con lo establecido en el literal g) del artículo 37 del Reglamento del Senado.

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