Con la finalidad de garantizar el acceso al libro y al producto editorial a través de un sistema de gestión de accesibilidad universal y de fomento de la lectura el Pleno del Congreso aprobó, con 124 votos a favor, el dictamen de siete proyectos que se incluyen en la Ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y que promueve al libro.

Enseguida fue exonerado del trámite de la segunda votación por unanimidad.

Fue en la sesión virtual que se realizó el jueves 8. Al respecto fueron presentados dos dictámenes, uno de la Comisión de Cultura y otro de la Comisión de Economía. Luego del debate se redactó un nuevo texto sustitutorio consensuado de ambas comisiones.

El primero en sustentar su dictamen fue el congresista Alcides Rayme Marín (FREPAP), presidente de la Comisión de Cultura, quien dijo que urge atender el limitado acceso al libro o a la lectura, pero subrayó que es importante no solo el acceder al libro, sino también el fomento de la lectura.

La propuesta tiene por finalidad reconocer y fomentar el derecho de las personas a la lectura y promover el acceso al libro, bajo un marco de inclusión, construcción de la ciudadana y desarrollo humano, en beneficio del interés público; así como el fomento de las micro y pequeñas empresas (MYPE) dedicadas a la industria editorial.

El parlamentario dijo que se busca incentivar la creación literaria artística y científica, garantizar el acceso al libro y al producto editorial afín, a través de un sistema de gestión de accesibilidad universal, además se busca promover, impulsar el acceso y la formación de hábitos de lectura, así como el fomento del desarrollo de librerías y bibliotecas escolares.

Además -subrayó el legislador- pretende afianzar las medidas de promoción de incentivos tributarios en la cadena editorial de pequeños productores con especial énfasis en el fortalecimiento de la creación cultural, literaria y científica. Asimismo, se busca fomentar la libre circulación del libro y articular la política de fomento de la lectura, a fin de que la producción editorial abastezca los requerimientos bibliográficos de los distintos niveles del sistema educativo nacional.

Un aspecto importante a resaltar, dijo Rayme Marín, es que se contempla dotar de recursos financieros y técnicos que aseguren el normal desenvolvimiento de las bibliotecas populares, escolares y universitarias públicas, así como el incremento y la actualización constante de sus existencias.

También, se contempla la inafectación del Impuesto General a las Ventas (IGV), en ese sentido se indica que no están gravados con el IGV la importación y/o venta en el país de los libros y productos editoriales afines. La continuidad de la inafectación está sujeta a los resultados de las evaluaciones que se realicen.

Del mismo modo, se considera el reintegro tributario del IGV, en consecuencia, los editores de libros cuyos ingresos netos anuales sean hasta 150 UIT tendrán derecho a la devolución tributaria equivalente al IGV. Este reintegro dispuesto en este artículo regirá por un periodo de cinco años contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo establecido en el DU N.° 003-2019.

En seguida, correspondió la sustentación del dictamen del congresista Athony Novoa Cruzado (AP), presidente de la Comisión de Economía, quien sustentó una propuesta similar; sin embargo, observó el acápite relacionado con los beneficios tributarios, por lo cual solicitó se le conceda un cuarto intermedio a fin de consensuar –con la Comisión de Cultura– un nuevo texto.

“Son precisiones que son bastante importantes, porque no podemos dar exoneraciones tributarias por tiempo indefinido, por eso, proponemos que sea por tres años y previa evaluación”, dijo.

Vencido el cuarto intermedio, el congresista Novoa dijo que -entre otros puntos- se establece que las exoneraciones tributarias a los tres años deben ser avaluadas y que los ministerios de Educación y Economía, anualmente, informen al Congreso sobre los resultados de los incentivos tributarios, ya que es importante asegurarnos de que la norma cumpla con estos objetivos.

“El texto consensuado busca promover la lectura y que los beneficios tributarios lleguen al consumidor final, que es el lector”, dijo.

EL DEBATE

Durante el debate los congresistas coincidieron en que se trata de una ley muy importante que fomentará el acceso al libro e incentivará la lectura.

“Es importante que estos conocimientos puedan ser accesibles a todos los sectores de la sociedad, porque el ciudadano que lee desarrollará un juicio crítico para la toma de decisiones del país” dijo el congresista Mariano Yupanqui Miñano (SP).

A su turno, la congresista Rocío Silva Santisteban (FA) subrayó que no es una ley que se restrinja a las industrias culturales, sino que fomenta la lectura y, por eso es, una ley muy importante que incluye el apoyo a las bibliotecas públicas, que son los espacios donde los nuevos lectores deben mantener la continuidad de la cultura.

Por su parte el legislador Marco Verde Heidinger (APP) consideró que la propuesta va a favorecer la cultura del país largamente olvidada por el Estado. “Los docentes son los primeros que deben fomentar la lectura y la investigación en sus bibliotecas escolares”, dijo.

Daniel Olivares observó que hoy el Perú no entiende lo que lee, y no entender lo que se lee es no ser libre, no poder reclamar por nuestros derechos, no entender las instrucciones que se nos da y no entender el mensaje que nos están comunicando. “Estamos en un nivel bajísimo y lo tenemos que resolver”, dijo.

El congresista Erwin Tito ortega (FP) recomendó que se modifique los artículos 27 y 28. “Se debe modificar, porque el fondo del libro fue creado por ley, y la asignación presupuestal tiene que ser del Ministerio de Cultura y no como se está proponiendo del presupuesto al libro”.

Finalmente, la congresista María Retamozo Lezama (FREPAP) saludó que se incluya a los gobiernos regionales y locales, para que las entidades incluyan en sus planes concertados acciones para la cultura como el fomento de la lectura.