A dos años de haberse dado la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, se pudo comprobar que aún existen problemas operativos y de presupuesto  para su implementación, especialmente en el proceso  de protección de víctimas y juzgamiento de los agresores.

Estos y otros aspectos de la Ley 30364, fueron evaluados por la Defensoría del Pueblo, Ministerios de Justicia y Mujer; Policía Nacional,  Instituto de Medicina Legal y otras instancias que fueron convocadas desde el despacho de la legisladora Indira Huilca (Nuevo Perú y ASPEM (Asociación Solidaridad Países Emergentes).

Los invitados coincidieron que existen diversos puntos que entrampan la aplicación de la norma de protección a las víctimas como la falta de notificaciones oportunas a los agresores (antes que se vuelva un problema mayor), el reiterado incumplimiento del mandato de alejamiento, la falta de casas de acogida, escaso número de cámaras Gesell, entre otros. 

Las propuestas que se evaluaron para aplicar la norma  fueron el uso de la tecnología para notificaciones (incluso por celular), geolocalización de agresores, mecanismos de resguardo del hogar donde se suscita violencia familiar mediante patrullajes policiales localizados, mayor coordinación entre el Poder Judicial y la PNP. 

Contemplar, asimismo, mecanismos que unifiquen procedimientos de atención integral  que ahora se tratan  en paralelo como procesos judiciales de  tenencia y  alimentos que se  afrontan desde  diferentes juzgados y en diferentes procesos. 

También,  implementación de cámaras Gesell rodantes o itinerantes, incidencia en la capacitación de los operadores de justicia y miembros de la Policía Nacional que tendrán a su cargo la canalización de las denuncias de violencia familiar y sexual, incentivos económicos para los profesionales médicos y psicólogos que ejercen la medicina legal, ampliación de horarios de atención legal en zonas rurales y en  fines de semana, donde crece  el número de  denuncias. 

Usar elementos de la tecnología como la geolocalización, notificación por teléfono, la policía debe coordinar con el Poder Judicial, con la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, la Defensoría hacer un mapeo general de la atención a la mujer y otros aspectos de capacitación que se debe implementar para difundir la norma. 

La legisladora Huilca Flores anunció que uno de sus objetivos para este año es lograr presupuestos específicos para la implementación de la norma evaluada que deberán ser aplicados el 2019. El presidente Vizcarra se refirió a la creación de un observatorio para centralizar la data de atención a  los casos de agresiones desde todas las instancias de Gobierno,  especialmente desde el Ministerio de la Mujer, pero tampoco se le ha asignado recursos, señaló.

Tenemos la data dispersa. La ley cuando se creó modificó el procedimiento de atención a la víctima, a partir de la violencia de la mujer se creó un observatorio de data donde se incluya todas las acciones de las diversas instancias de gobierno, pero no se ha adecuado de la mejor manera.

No hay data procesada. Necesitamos data objetiva que sustente acciones del gobierno como del Legislativo, necesitamos que las leyes se cumplan. Orientar los recursos hacia ello, sostuvo Huilca Flores.(EPA)

PRENSA CONGRESO 17-08-18

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