La ministra de Economía y Finanzas, María Alva Luperdi, sostuvo ante la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, que la principal observación a la autógrafa de la ley que permite el retiro de aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) es que “afecta a los pensionistas, desprotege al futuro pensionista, a los más vulnerables y a todos los peruanos”.

La funcionaria se presentó junto al jefe de la ONP, Víctor Hugo Montoya Chávez, ante la comisión que preside Antonhy Novoa Cruzado (AP) no solo para explicar la posición del Ejecutivo, sino también para sustentar el Proyecto de Ley N.° 6114, que establece medidas extraordinarias en favor de dichos asegurados.

Alva Luperdi señaló que su portafolio había enviado un extenso documento en el que explican dichas observaciones.
Dijo que la primera, que coincide con la opinión de la Defensoría del Pueblo, es sobre su carácter inconstitucional, pues deja sin pensión a más de cuatro millones de aportantes y ponen riesgo el pago de la pensión de 576 mil jubilados, sin garantizarles el derecho a una pensión otorgado por el artículo 11 de la Constitución, y porque el Poder Legislativo no tiene iniciativa de gasto.

La segunda es que afecta al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), ya que rompe con el principio básico del sistema, que es la solidaridad. No existen fondos individuales.

La tercera es porque es inequitativa entre los peruanos, ya que 33 millones de personas financiarían a 4.7 millones de aportantes; esto es, ocho personas financiarán a un aportante. De los aportantes, solo un millón está adecuadamente empleado.

En este ítem ahondó en cifras: 1.4 millones de personas aportaron menos de 760 soles; dos millones de personas aportaron menos de un año; el 5% de afiliados (223 mil) se llevaría el 27% de los recursos (4183 millones de soles).

La alta funcionaria reiteró que una ley que permita el retiro de aportes podría significar un costo aproximado de 15 900 millones soles que tendrían que salir del tesoro público, y afecta a los más vulnerables, pues con este dinero se podría financiar programas sociales como Juntos, Pensión 65, entre otros.

Propuesta del Ejecutivo

María Alva Luperdi sostuvo que esta situación no significa que no se reconozca que la familia peruana vive momentos muy difíciles debido a la emergencia sanitaria producida por la COVID-19.

Y es por ello por lo que el titular de la comisión, Antonhy Novoa Cruzado (AP), considera que se deben “sincerar las cosas”, pues con la propuesta, debate y aprobación del dictamen que permite el retiro de los aportes, se “empezó la lucha en defensa de los aportantes hermanos de la ONP, donde el gran problema es llegar a los 20 años de aportes para obtener una pensión”.

“Debemos impulsar juntos un buen sistema de reforma de pensiones, ya que la queja de la mayoría de las aportantes plantea una realidad. Dicen, para qué voy a aportar, si no voy a tener una pensión digna. Y yo les doy la razón: quién puede vivir con esos pequeños montos que reciben como pensión”, manifestó.

Al respecto, la ministra Alva expuso que la propuesta legislativa es estructural, implica cambios normativos consistentes con la reforma integral del sistema de pensiones. “Comprende seis medidas. Cuatro en el proyecto de ley y dos se van a aprobar con un decreto supremo”.

El fin de la iniciativa es lograr que cada vez más peruanos que accedan a una pensión, pues esta garantiza “ingresos de por vida, protege a la familia, y garantiza el acceso a EsSalud”.

La iniciativa sanciona, en primer lugar, que se entregarán pensiones a partir de diez años de aportes. Los aportantes lograrán pensiones de 250 soles con diez años y 350 soles con quince años de contribuciones. Además, la medida beneficiara a 700 mil afiliados, esto implica un incremento de la cobertura en un 50 %.

La segunda, todos los aportantes podrán acceder a una pensión adelantada. Hombres y mujeres podrán llegar a una pensión con 50 años y 25 años de aportes. Para este beneficio calificarán 120 mil afiliados actuales.

La tercera, facilidades para que personas con discapacidad puedan acceder a una pensión. Para ello, se simplifican los trámites para acceder a las pensiones en estos casos, ya no se requiere de una comisión médica.

La cuarta, se podrá trabajar y recibir pensión a la vez.

La quinta, se flexibiliza los requisitos para reconocer aportes de los trabajadores al sistema.

El SNP tiene información sobre los vínculos laborales y los aportes de sus afiliados de manera sistematizada desde 1999. Anterior a esa fecha, hay poca información de sustento.

La sexta, se incentivarán los aportes facultativos para garantizar pensiones a trabajadores del sector informal. El 70 % de la población económica activa es informal. Por lo tanto, se facilitará el pago de aportes.

En cuanto a la coyuntura por la emergencia sanitaria se propone la entrega de dos bonos.Uno para aquellas personas que están en el sistema, pero que no tienen ingresos. De 4.7 millones de afiliados, solo trabajan 1.7 millones; de ellos algunos han tenido acceso a un bono, para los restantes se trabaja la posibilidad de darles un bono especial.

Un segundo bono sería para los pensionistas, porque constituyen un grupo muy vulnerable, y sería de 760 soles. El costo en el primer año de todo sería de 1 576 millones de soles.

Dudas e interrogantes

El parlamentario Wilmer Bajonero Olivas (AP) señaló que “suena brillante la parte teórica (de la propuesta del Ejecutivo) y hasta emociona. Pero ¿cuántas personas ya reciben pensiones justas?”, preguntó.

“La queja es común (por lo bajo de las pensiones). Los que hacemos uso de EsSalud, salvo en las grandes capitales, el sistema es deficiente, precario, primitivo. Para ser atendido en la capital de provincia, la transferencia dura de diez a quince días, y hasta un mes. Y (además de ello) las pensiones son irrisorias, de burla”, enunció.

Por su parte, César Combina Salvatierra (APP) hizo énfasis en que la propuesta del Ejecutivo tiene “algo
rescatable”, el Ejecutivo,“se está dando cuenta que nuestra realidad no es de trabajadores estables, pues lo que más hay es el autoempleo, la informalidad y el desempleo”.

Solicitó un mayor desarrollo del tema de los aportes facultativos, ya que “es la primera vez en la historia que el afiliado de la ONP lo podrá hacer».

“Tenemos que pensar no solo en el que tiene trabajo estable, sino en aquel que trabaja en el interior del país para que pueda participar de estos aportes. Aportes de carácter amplio y simplificado. ¿Cómo podemos garantizar la para que cada aportante sea dueño de lo que aporta?”, acotó.

El congresista Absalón Montoya Guivin (FA) incidió en la entrega de los bonos y saludó su posibilidad. Sobre los servicios que brinda EsSalud, un derecho que tienen todos los jubilados del país, expresó que es necesario mejorar.

Dictámenes aprobados

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera aprobó, por unanimidad, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 5374/2020, Ley que condona multas en beneficio de los ciudadanos de las comunidades nativos y pueblos andinos que no sufragaron en las elecciones generales, regionales y municipales.

También, aprobó, por unanimidad, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 4819/2019-PE, Ley que Reconoce y Fomenta el Derecho a la Lectura y Promueve el Libro, iniciativa que fuera aprobada en primera instancia por la Comisión de Cultura, con la acumulación del PL 6168, Ley que modifica los artículos 19 y 20 de la Ley 28086, Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura.

Sustentación de proyectos

La legisladora María Céspedes Cárdenas (Frepap) sustentó el Proyecto de Ley 6214/2020, de su autoría, que establece el retiro facultativo del 100% de aportes de las AFP, a fin de aliviar la economía familiar y reactivar la economía nacional.

El congresista Luis Simeón Hurtado (AP) sustentó el Proyecto de Ley 6231/2020, que garantiza la libre disponibilidad de los fondos en el sistema privado de pensiones administrados por las AFP sin restricción alguna.
PRENSA-CONGRESO