Ante la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, informó sobre los beneficios que ha recibido el personal en actividad y en retiro en el marco de la emergencia por la COVID-19.

Chávez Cresta hizo una sincera autocrítica en el sentido de la lentitud de los procesos, que se inician en las oficinas de las Fuerzas Armadas (FFAA) hasta que llega a la oficina correspondiente del Ministerio de Defensa, demora que se debe básicamente a los diferentes protocolos que manejan las diversas armas.

En función de ello, informó, se ha establecido que se acelere el proceso del pago mediante la revisión y la estandarización de los protocolos que se llevan a cabo, ya que cada una de las armas tiene un procedimiento diferente. Esperamos, dijo, que en treinta días podamos cerrar esas brechas burocráticas que existen.

En cuanto a las cifras, precisó que el estado situacional del personal militar de las FF. AA. de fallecidos por coronavirus en actividad y retiro, al 9 de octubre último, es de 371 efectivos: 92 en actividad y 279 en retiro; de ellos, se ha pagado beneficios a 96, en los dos tipos de procesos, hay 111 y 164, respectivamente. Del Ejército son 191 víctimas, de la Marina 157, y Fuerza Aérea 23.

Los beneficios (en actividad) son el subsidio póstumo (asignación económica mensual hasta los treinta años de servicio y aportación), compensación por tiempo de servicio, subsidio por fallecimiento, seguro de vida, bonificación por subsidio póstumo.

Los beneficios por situación en retiro (mayores de 65 años) son la pensión de viudez, pensión de ascendente, gastos de luto, gastos de sepelio.

Sobre los presuntos actos de tortura a los que habría sido sometido el suboficial Giovanni Navarro Cusipoma en el distrito de Pichari, provincia de La Convención, en el Cusco, informó que se ha comprobado que el mencionado fue sometido a abuso de autoridad por parte del suboficial de tercera Víctor Pacheco López el 12 de septiembre último.

Por tanto, Pacheco López ha sido sometido al consejo de investigación para determinar su situación administrativa en el Ejército y se le ha puesto a disposición del Ministerio Público. Señaló que a la víctima se le ha brindado todo el apoyo médico profesional.

El congresista Otto Guibovich Arteaga (AP) sostuvo durante su intervención que los trámites siempre han sido lentos. “Los procesos quedan truncos con la rotación del personal y por ello no se pueden cerrar ciclos. Para que estos procesos sean más simples y precisos la clave está en la sistematización y la simplificación de dichos procesos”.

El titular de la comisión, Daniel Urresti Elera (PP), solicitó al ministro información sobre el intercambio comercial en la frontera y preguntó si este tema había sido tratado en Consejo de Ministros.

La respuesta fue que se ha conformado un grupo de trabajo con los ministerios de Comercio Exterior y de Producción, que el próximo jueves presentaría un informe para establecer mecanismos para esa apertura. Aunque, manifestó el ministro, en la fecha debe tenerse un informe técnico sanitario del Ministerio de Salud y en virtud de ello se hará lo correspondiente.

Sector Interior

El viceministro de Orden Interno, Esteban Saavedra Mendoza, informó que en las 28 semanas que lleva la emergencia sanitaria por la COVID-19 han fallecido 488 efectivos policiales: 316 en cumplimiento del deber y 172 en situación en retiro.

El funcionario manifestó que corresponde a los deudos el pago por cambio de residencia, pago por CTS de acuerdo con los años de servicios de cada efectivo, pensión, bono extraordinario, pago de seguro de vida, subsidio por fallecimiento, así como el ascenso póstumo al grado inmediato superior.

Expresó que hay una demora en la entrega de ciertos beneficios, como el de seguro de vida que pasa el 70 %, pero se debe a falta de recursos y a la situación legal de los derechohabientes (beneficiarios) y para ello ha solicitado una suma de más de seis millones de soles adicionales al Ministerio de Economía y Finanzas.

Sobre el estado actual de avance de la lucha contra las drogas hizo un pormenorizado recuento de acciones que, lamentó, se tuvieron que paralizar debido a la pandemia que vive el país y el mundo. En esa exposición detalló la erradicación de cultivos de hojas de coca y la proyección potencial en el año, cuya meta anual es de 5400 hectáreas por erradicar, y falta, 3774 hectáreas.

Asimismo, se refirió al decomiso de droga en lo que va del año, la droga destruida, los insumos químicos decomisados, incautados y destruidos. Además, señaló que se hubo destrucción de laboratorios de PBC y cocaína, se continuó con los operativos policiales contra el tráfico ilícito de drogas y la destrucción de pistas de aterrizaje clandestinas identificadas.

Saavedra Mendoza expuso, además, las dificultades con las que se enfrenta la Policía para enfrentar este flagelo, sobre todo por la falta de recursos económicos. Detalló que esto impide hacer seguimiento, por ejemplo, a la destrucción de pistas, puesto que al día siguiente o a la semana dicha pista ya está rehabilitada por los delincuentes.

Finalmente, mostró un listado de doce líderes amazónicos asesinados en el periodo 2013-2020. Informó que, en cada uno de estos casos, la Policía logró detener a los asesinos, pero esto tiene su correlato en los procesos judiciales.

Al respecto, dijo que la defensa de la integridad física de los líderes indígenas se cautela, por lo que a la fecha se les ha otorgado garantías personales.

Daniel Urresti Elera consultó sobre el estado de los pedidos de recursos económicos y la respuesta de Economía y Finanzas. Y propuso a la comisión citar a la ministra o a su representante para saber cuál es la disposición de entregar dichos recursos.

Represión del TID

Los miembros de la comisión aprobaron, por unanimidad, el dictamen recaído en los proyectos de ley 4414/2018-PE y 4687/2019-CR, que proponen la Ley que modifica el artículo 68 del Decreto Ley N.° 22095, Ley de represión del tráfico ilícito de drogas, y el inciso 13.1 del artículo 13 del Decreto Legislativo 1241, que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.

Legítima defensa

Seguidamente, se propuso votar el dictamen que recomienda la no aprobación de los proyectos de ley 4375/2018-CR y 4409/2018-CR, y su correspondiente remisión al archivo. Los mencionados proyectos de ley (propuestos por los exparlamentarios Carlos Tubino Arias-Schreiber (FP) y Jorge del Castillo Gálvez (APRA), respectivamente) proponían ampliar los alcances del ejercicio de la legítima defensa.

Los legisladores Miguel Ángel Vivanco Reyes y Valeria Valer Collado de Fuerza Popular plantearon su disconformidad con el dictamen. Adujo el primero que el dictamen favorecía a los delincuentes, mientras que la segunda planteó que se debe de organizar una mesa de trabajo con las entidades involucradas para reglar la legítima defensa.

Esta última propuesta se planteó como cuestión previa y fue aceptada por mayoría.

PRENSA-CONGRESO