La vulnerable situación laboral, educativa y social de las personas con discapacidad en el país, en la que más de 68 mil personas  en edad de trabajar se encuentran desocupadas de un total de un millón 400 mil, fue motivo de preocupación de los miembros de la Comisión de Inclusión Social, que preside el congresista Edwin Donayre (APP).

Durante la sesión del martes 14 los integrantes de ese grupo de trabajo escucharon la exposición del ministro de Trabajo, Alfonso Grados Carraro, quien se centró en dos temas: empleabilidad y protección de grupos vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad y el trabajo infantil.

Un caso particular constituye la población discapacitada con más de 65 años, que ocupa el 62.8% de quienes se encuentran en condición de inactividad laboral, lo que fue calificado como discriminación por los congresistas Gladys Andrade (FP), Luis Vilela (FP) y el mismo titular del grupo, Donayre Gotzch.

Grados Carraro indicó que la Población Económicamente Activa (PEA) es de 316 mil 92 personas, de esta cantidad no tiene trabajo el 12.1%, donde la mujer se encuentra en menores condiciones.

Indicó que son varias las razones por las que a las personas con discapacidad se les dificulta la posibilidad de conseguir trabajo, entre ellas la discriminación, que no se sientan capaces, que los subestimen, que no estén preparados y alto costo del transporte debido a la limitación y otras.

Dijo que entre las acciones emprendidas por su despacho, a través de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), se ha logrado detectar que tanto empresas públicas como privadas no cumplen con la ley que establece cuotas laborales.

En ese contexto dijo que solo seis empresas públicas, entre ellas el Ministerio de Trabajo, de un total de dos mil 281, cumplen con otorgar el cinco por ciento de  su planilla laboral a este sector poblacional. En el sector privado solo 28 cumplieron con el tres %;  mil 114 los contrataron pero sin llegar a la cuota, y cuatro mil 682 no los contrató.

Los legisladores Luis Yika (FP) y Andrade Salguero preguntaron acerca de las sanciones aplicadas a las empresas infractoras, pero Grados Bertorini indicó que están en un proceso de dar facilidades para el cumplimiento de la Ley N° 29973 y de mayor orientación. Asimismo, un mayor esfuerzo en formación y capacitación a esta parte de la población para desarrollar sus competencias laborales.

En respuesta a la preocupación del congresista López Vilela, el titular de Trabajo manifestó que cuando el gobierno asumió la administración del Estado había nueve oficinas de Sunafil en un número igual de regiones, pero que hoy ya son 14, que el próximo año serán 20 y en el 2019 se completarán las 26.

Lopez Vilela también pidió que los discapacitados puedan retornar al SIS en forma automática una vez que se quedan sin el trabajo, en su mayoría temporal, pedido que Grados Carraro se comprometió a trabajar.

TRABAJO INFANTIL

Un tema que quedó pendiente para ser debatido fue el del trabajo infantil. Los congresistas de Nuevo Perú, Tania Pariona y Édgar Ochoa, plantearon la necesidad de “mirar la existencia de diferente forma de considerar el trabajo en los niños y adolescentes”.

Pariona Tarqui señaló que ella trabajó en el campo junto a sus padres, sin dejar los estudios y que en la sociedad andina y amazónica es un orgullo y parte de las obligaciones de los hijos participar en las tareas agrícolas.

“Otra es la situación de los menores que son obligados a trabajar en los centros mineros, en las zonas de derrame petrolero, en las del narcotráfico”, sostuvo.

Ochoa Pezo, consideró que los niños y adolescentes tienen derecho a su formación integral, que incluye el aspecto laboral y a hacerse cargo de su sostenimiento.

Grados Carraro afirmó que el trabajo infantil debe ser erradicado cuando perjudiquen su desempeño escolar, su salud y su desarrollo integral. En el caso de los adolescentes cuando se trate de actividades económicas peligrosas para su salud o desarrollo.

“Las peores formas de trabajo infantil son aquellas actividades en las que son utilizados generando beneficios para terceros en contextos delictivos y de explotación”, acotó y luego invitó al desarrollo del debate sobre el derecho al trabajo de los menores.

Antes, la Comisión recibió a Xavier Gonzales, director ejecutivo del Comité Paralímpico Internacional y al presidente del Comité Paralímpico del Perú, Carlos Neuhaus, quienes informaron sobre los avances de la edición 2018.

De otro lado, Donayre Gotzch señaló que este viernes se desarrollará una sesión descentralizada y audiencia pública en Cajamarca.

PRENSA CONGRESO 

14-11-17