Sus dudas sobre la construcción de nuevos penales en los próximos años, preocupación por la situación laboral de los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y de los abogados de oficio en el país, fueron los principales reclamos que plantearon los legisladores de todas las bancadas al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa.

Precisamente, el congresista Alex Paredes Gonzales (BMCN), planteó en el inicio del debate su preocupación por la situación laboral de los trabajadores del INPE y propuso que los docentes que laboran en los centros de reclusión sean considerados en la carrera pública magisterial.

De inmediato, Ruth Luque Ibarra (BDP), planteó al ministro dos temas centrales: la carencia de defensores públicos, en materia penal, en las zonas más alejadas del país; y el fortalecimiento del mecanismo de protección de los defensores en derechos humanos, ya que estamos ante el asesinato de 35 líderes indígenas.

Luego, Guillermo Bermejo Rojas (JP-VP), expuso el problema de que en los penales se mezclan a los delincuentes “ranqueados” con los presos primarios, lo cual es peligroso, y los niveles de corrupción en las cárceles “nos ponen  los pelos de punta”.

Inmediatamente, Nelcy Heidinger Ballesteros (APP) informó que el penal de Cochamarca, en el distrito de Vicco, departamento de Pasco, arroja basura y aguas residuales de dos mil personas diariamente y no paga por estar en dicha jurisdicción. “No estamos en contra de los penales, pero hay que asumir responsabilidades”, dijo.

Por su parte, Norma Yarrow Lumbreras (RP), promotora del pedido de interpelación, manifestó que “queremos que se resuelva el problema del hacinamiento, porque el próximo año cuatro cárceles no van a recibir más reos. Necesitamos trabajar en conjunto, y no debe tener miedo al Ministerio de Economía y Finanzas. Ayúdenos a librarnos de ese hacinamiento”.

Así también, Jaime Quito Sarmiento (BS), manifestó que el tema del hacinamiento en los penales no solo es la infraestructura, sino también la situación de los trabajadores, que están abandonados durante más de 12 años y con los sueldos congelados.

En tanto, Jorge Montoya Manrique (HyD) consideró que “es necesario realizar un ajuste en la política criminal del Estado para defender a la sociedad del delito”, y propuso “la reimplantación de la pena de muerte en nuestro país para los delitos más graves, de tal forma que estos delitos no queden impunes”.

Por su lado, Marleny Portero López (AP), recordó que en un periodo anterior se planteó una estrategia similar de construcción de penales para construir cinco megapenales, y se le asignó presupuesto al Ministerio de Justicia.

“El presupuesto se devolvió y no se construyeron los penales. ¿Qué diferencia tiene su propuesta a la planteada años atrás?”, preguntó.

Seguidamente, Héctor Valer Pinto (SP) se interesó por saber cómo están tratando a los trabajadores del sector que dirige, puesto que la Dirección General de la Defensoría Pública, a través de un decreto supremo, ha cambiado la legislación laboral de todos los abogados de oficio, y reclaman que el ministro no los recibe.

Hacia el final, Mery Infantes Castañeda (FP), se interesó por saber qué es lo que va hacer el ministro por la rehabilitación, “porque no podemos ver que a diario se destruyan niños, jóvenes, que, en el futuro, ¿qué van a llegar a ser?”.

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