La propuesta que incorpora como circunstancias agravantes los delitos cometidos en estado de excepción requiere ser reformulada, guardar proporcionalidad, coherencia y no aplicarse en forma general, recomendaron representantes del Poder Judicial y especialistas en derecho penal ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El grupo de trabajo legislativo, que preside la congresista Leslye Lazo Villón (AP), recibió el miércoles 22 los aportes de destacados penalistas sobre el pre dictamen que comprende 12 propuestas que plantean el aumento de penas a delitos cometidos en situaciones de emergencia, entre ellos la cadena y la inhabilitación perpetua.

Los invitados coincidieron en la necesidad de especificar a qué situación del Estado se refiere la propuesta, de emergencia, de excepción o de sitio y la duración de la sanción, así como la proporcionalidad, coherencia y la especificidad. También las consideraciones del agravante.

El presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Prado Saldarriaga, sostuvo que los delitos funcionariales, como de peculado, colusión, malversación, corrupción y otros que no tienen impacto directo no pueden ser la misma que los delitos cometidos para aprovecharse de las circunstancias en un estado particular de excepción.

El magistrado recomendó definir el agravante y también la afectación que se hizo al Estado de los bienes destinados a atender a las víctimas en una situación particular.

Por eso propuso que en la propuesta se señale que “el agente comete el delito afectando bienes asistenciales, de defensa, seguridad, sanitarios y de soberanía nacional”.

Sugirió que se tome en cuenta el tiempo de inhabilitación que se aplique, porque lo contrario viola el principio de legalidad. De igual manera, recomendó tener en cuenta cuando el dinero o recursos corresponden a programas de apoyo social, desarrollo asistencial.

Por su lado, el abogado adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad (e) de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo Torres, destacó que el agravante que se quiere considerar no es una cuestión extraordinaria, porque hay zonas en el país que durante mucho tiempo se mantienen en esa situación.

Por eso, recomendó tener cuenta que el agravante debe normarse en consideración al impacto, al territorio y el tiempo, que en nuestro país es largo en algunas jurisdicciones.

Destacó el objetivo del pre dictamen de lograr que los recursos públicos lleguen a su destino, pero llamó la atención de cómo el agravante puede desalentar los delitos.

“Es importante estudiar las normas penales para promover reformas que realmente puedan acabar con el problema”, anotó.

El abogado del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gilmar Andía Zúñiga, también recomendó no aumentar las penas sin antes hacer una evaluación de la proporción de los delitos y las penas.

Planteó delimitar el estado de emergencia que se quiere regular para no caer en un abuso excesivo del derecho penal.

Asimismo, realizar un estudio de proporcionalidad que mida si es adecuada, idónea y necesaria la intervención.

El abogado especialista en Derecho Penal, Dino Carlos Caro Coria, coincidió en preguntar si todos los delitos cometidos en estado de emergencia deben ser agravados o por el contrario definir los que hacen impacto en el afectado, como por ejemplo la difamación.

Coincidió en preguntar si todos los delitos cometidos en estado de excepción debe ser agravado y debe aplicarse un criterio general. Asimismo, recomendó delimitar para determinados delitos, como los patrimoniales que no son el robo, sino la obtención fraudulenta del crédito.

Se manifestó contrario a la aplicación de la cadena perpetua, porque podría generar inconstitucionalidad, y por el contrario aplicar penas temporales.

La directora General de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Mariela Valcárcel Angulo, coincidió con sus otros colegas de profesión y lo propio hizo el especialista en Derecho Penal, Percy Rafael García Cavero. Este último propuso comprender al funcionario y también a particulares.

El abogado especialista en Derecho Penal, Andy Jefferson Carrión Zenteno, planteó precisar la selección de delitos, porque si se incluye el de informática se abriría la puerta para considerar otros también por el agravante de cometerse en estado de emergencia.

De otro lado, la comisión aprobó por mayoría una nueva elaboración de un proyecto de ley que inicialmente había sido propuesto para inhibición. Se trata de la iniciativa que propone modificar la Ley 28736, Ley para la protección de Pueblos Indígenas u Originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.

Finalmente, un pedido del congresista Alberto De Belaunde (PM) para solicitar la invitación del presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, fue aprobado para que informe la razón por la que excluyó a la comunidad LGBT adherirse a la actualización de las reglas de Brasil de acceso a la justicia a personas en riesgo de vulnerabilidad.

Lima, 22 de julio de 2020

PRENSA-CONGRESO