El Congreso de la República aprobó, por mayoría, la moción de interpelación a la ministra de Educación, Flor Aideé Pablo Medina, a fin de que responda 29 preguntas en torno a las irregularidades encontradas en los textos escolares de educación básica regular.

Estas acciones han originado una afectación económica al erario nacional y el detrimento del derecho que tienen los escolares de acceder a una educación pertinente y de calidad, siendo una expresión de una crisis estructural del sistema educativo peruano, se dijo en la sesión.

El Pleno aprobó la moción con 56 votos a favor, 29 en contra y 10 abstenciones.

A sugerencia del presidente del Parlamento, Daniel Salaverry Villa, la ministra será interpelada el próximo 9 de mayo, lo cual fue aprobada por unanimidad.

La presidenta de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes, Milagros Salazar De la Torre, sustentó la moción de interpelación y enfatizó que esta medida se estaba adoptando en momentos de una grave crisis que atraviesa el sector Educación, que no está acorde con los tiempos en que nos desarrollamos y no está a la altura de los conocimientos modernos.

Dijo que se presupuestó más de 411 millones de soles para la adquisición de textos escolares que servirían para una mejor formación e instrucción del estudiantado, pero lamentablemente se ha encontrado libros totalmente distorsionados en donde no se valora la vida humana, se incentiva el aborto y se distorsiona la vida sexual que desorienta a los escolares.

Dijo que los contenidos de estos textos escolares incentivan la masturbación femenina, el uso de consoladores y otros contenidos distorsionadores no propios para una adecuada educación sexual. “Esto es una distorsión y una aberración”, aseveró.

Salazar señaló que en los textos de historia hay contenidos totalmente cuestionables, como por ejemplo se pretende denominar violencia social al terrorismo, en lugar de denominarlo con propiedad y señalar lo que significó el terrorismo y el mal que causó al país.

Por todas esas cosas, dijo, la ministra de Educación debe venir y responder las 29 preguntas del pliego interpelatorio.

Marisa Glave (NP) dijo que no se podía interpelar a una ministra que tiene un mes en el cargo. Mercedes Aráoz (PPK) señaló que se debe trabajar por una agenda propositiva y demostrar a la opinión pública que trabajamos en la elaboración de leyes.

«Es preciso tomar en cuenta cuántas leyes hemos dejado de aprobar en este debate infértil», opinó Aráoz. Gino Costa (BL) y Roberto Vieira (No A) se opusieron a la moción.

RETORNO A COMISIÓN

El Pleno también determinó luego la vuelta a la Comisión de Constitución y Reglamento el dictamen del proyecto de ley que propone la modificación del artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Javier Velásquez Quesquén (CPA) y Alberto de Belaunde (BL) expresaron la inconveniencia y recomendaron un mejor estudio de la propuesta. Su vuelta a comisiones fue determinada por 87 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones.

CONTROL PREVIO DE CONCENTRACIONES

El Congreso sancionó a continuación el dictamen del proyecto de ley que tiene por objeto establecer un régimen de control previo de operaciones de concentración económica, con la finalidad de promover la eficiencia económica en los mercados para el bienestar de los consumidores.

Se precisa que están comprendidos dentro del proyecto de ley los actos de concentración económica, conforme a los umbrales previstos que produzcan efectos en todo o en parte del territorio nacional, incluyendo los que se realicen en el extranjero y que vinculen directa e indirectamente a agentes económicos que desarrollan actividades económicas en el país.

Igualmente los agentes económicos que oferten o demanden bienes o servicios en el mercado y realicen actos de concentración que produzcan o puedan producir efectos anticompetitivos en todo o en parte del territorio nacional.

La propuesta legislativa fue aprobada, en primera votación, por 64 votos a favor, 20 en contra y 11 abstenciones. Fue exonerada de segunda votación por 62 votos a favor, 22 en contra y once abstenciones.

Sobre el tema se presentaron dos dictámenes: uno de la Comisión de Economía sustentada por la congresista Aráoz y luego por Jorge Del Castillo; y de Defensa del Consumidor, a cargo del congresista Miguel Elías Àvalos. Luego de consensuarse algunos artículos se fue al voto.

PRENSA-CONGRESO-
2-5-19