El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López Ureña, sostuvo que las leyes aprobadas por el Parlamento están plenamente alineadas con la Constitución y responden a las demandas de la ciudadanía en materia de seguridad, justicia y protección social.

“Cualquier norma, por su propia naturaleza, es pasible de revisión; sin embargo, no se puede caer en la lógica de que, en nombre del equilibrio fiscal, se condene al abandono a los cesantes, jubilados, médicos, enfermeros o profesores del país”, afirmó el legislador durante una conferencia de prensa en el Hall de los Pasos Perdidos.

El parlamentario rechazó las observaciones emitidas por el Consejo Fiscal, que calificó de negativas algunas de las normas aprobadas por el Congreso. En ese sentido, enfatizó que las decisiones del Parlamento se adoptan en estricto respeto al marco constitucional y con un enfoque social que busca mejorar las condiciones de vida de los peruanos.

López Ureña resaltó que el equilibrio fiscal no debe usarse como argumento para restringir derechos, sino que debe complementarse con políticas públicas eficaces que fortalezcan la recaudación y amplíen la base tributaria.

“Solo así se garantizará la sostenibilidad fiscal sin sacrificar la dignidad de quienes han servido al Estado”, remarcó.

Asimismo, el tercer vicepresidente destacó que el Congreso ha aprobado importantes medidas en materia de seguridad ciudadana, como la cadena perpetua para los extorsionadores que utilicen granadas o armas de fuego, y anunció que se trabaja en precisar el Código Penal para incluir los delitos de extorsión y raqueteo.

“Estas normas son un mensaje claro a las mafias, el Estado no retrocederá en su lucha contra el crimen organizado”, puntualizó.

López Ureña también planteó la necesidad de fortalecer la cooperación entre poderes del Estado para enfrentar las redes criminales, incluyendo la aprobación de mecanismos que permitan levantar el secreto bancario en un plazo máximo de 24 horas.

“Las mafias están usando el sistema financiero formal para realizar sus transacciones ilícitas. Necesitamos actuar con rapidez y decisión”, subrayó.

Finalmente, reafirmó el compromiso del Parlamento de ejercer una fiscalización responsable sobre la ejecución de las medidas adoptadas por el Ejecutivo en el marco de los estados de emergencia.

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