Diversas opiniones y comentarios se dieron a conocer el lunes 1 sobre la Ley de Fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol (FPF), en la Comisión de Educación y Deporte, donde participaron representantes de esa entidad deportiva, entre otros invitados.

En efecto, Juan Matute Quiroga, secretario de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y los representantes de la Conmebol, Monserrat Jiménez y Gonzalo Belloso llegaron al Congreso de la República para debatir la Ley 30727, denominada Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), donde dieron a conocer y sustentaron su defensa a la Ley de Fortalecimiento.

 “La ley aprobada destaca que la FPF es una persona jurídica de derecho privado, que goza de plena autonomía e independencia en materia deportiva, administrativa, económica, financiera, organizacional y de solución de controversias en los asuntos de su competencia, conforme a los estatutos, reglamentos y decisiones de la FIFA y de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol)”, refirió el secretario general de la FPF.

También señaló  que los recursos de la FPF son de naturaleza privada y que la organización “mantiene un vínculo con el Instituto Peruano del Deporte, al que le informa sobre su calendario de actividades. De igual forma, en la FIFA necesitan que el ordenamiento nacional permita que se establezcan los estatutos adecuados. Cuando ocurre lo contrario, se inicia un proceso de sanciones que puede llevar a la suspensión. Además, la FIFA puede decir que le genera inquietud nuestra federación con miras al Mundial Sub 17 y podría evaluar entregárselo a otro país», dijo Juan Matute.

A su turno, Monserrat Jiménez Granda, Secretaria General Adjunta de Conmebol, señaló que comparte la posición de la FPF, y que su institución no tiene injerencia en las decisiones de dicha instancia deportiva peruana.

“No tenemos injerencia y tampoco amenazamos a nadie, que las nuevas autoridades de la FPF deben ser elegidas con la adecuación de su nuevo estatuto y de buena gobernanza”, consideró la funcionaria de Conmebol.

Otra fue la opinión de José Noriega, ex presidente de la Comisión de Justicia de la FPF, quien cuestionó y rechazó la utilización de amenazas con la posibilidad de sancionar a Perú, si se derogaría la Ley de Fortalecimiento de la FPF.

 MODIFICACIÓN DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO

Luego de la intervención de los invitados, los parlamentarios Marisa Glave Remy (NP), Paloma Noceda Chiang (NA), Leyla Chihuán Ramos (FP), Gloria Montenegro Figueroa (APP), Lizbeth Robles Uribe (NA), Jorge Meléndez Celis (PPK), entre otros representantes coincidieron en señalar la necesidad de modificar o anular la norma que establece el fortalecimiento de la FPF, y rechazaron al mismo tiempo las presiones o amenazas de los directivos de la Federación, en relación a una posible sanción al Perú, por su intervención en este tema.

La congresista Paloma Noceda consideró hace unos días que la reciente carta de la FIFA en la que advierte una posible suspensión de la FPF si se deroga dicha ley, fue coordinada por los dirigentes del balompié nacional para quedarse de forma ilegal dos años más en la directiva de dicha instancia deportiva.

Las Parlamentarias Marisa Glave y Leyla Chihuán, también dieron a conocer la necesidad de derogar la disposición complementaria final de la ley de Fortalecimiento, que permitiría que el señor Edwin Oviedo, se quede dos años como titular de la FPF.

“Pareciera que se quiere institucionalizar la política del miedo de parte de la FPF, tratando de enfrentarnos con la opinión pública. Este proyecto tiene que ser necesariamente modificado por el bien del deporte peruano”, refirió la legisladora Chihuán Ramos, primera vicepresidenta del Congreso de la República..

Similar posición, entre otros aportes y opiniones, hicieron saber los parlamentarios Javier Velásquez Quesquén  (PAP), Edgar Ochoa Pezo (NP), Elías Rodriguez Zavaleta (PAP), Yonhy Lescano Ancieta (AP), quienes también señalaron la necesidad de salir de este entrampamiento lo más antes posible.

Al término de la reunión, la Comisión de Educación aprobó por unanimidad el dictamen de insistencia, recaído en el proyecto de ley 2310 que propone mejorar los benéficos laborales y administrativos de los profesores contratados del país. (FAA).

 PRENSA-CONGRESO

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