EXPONEN PROBLEMÁTICA DE DESAPARECIDOS DURANTE VIOLENCIA POLÍTICA EN EL PERÚ

Centro de Noticias del Congreso

28 Ene 2016 | 12:41 h

 

El Poder Ejecutivo debe remitir, a la brevedad, el proyecto de ley que establece una adecuada política pública de búsqueda de personas desaparecidas por la violencia terrorista que asoló el país entre 1980 y el año 2000, afirmó la expresidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello (PPC-APP).
La legisladora destacó la importancia de la propuesta legislativa con la cual el Estado iniciará el cumplimiento de la responsabilidad que tiene para con las víctimas de la violencia terrorista. Dijo que, de acuerdo a datos estadísticos recientes, los desaparecidos llegarían a 15 mil 741, a los cuales se les tiene que ubicar y sus restos ser entregados a sus familiares.
Manifestó que el texto del proyecto está consensuado con todos los sectores, pero anotó que lo más importante es la partida presupuestal que se asigne para poder concretar el anhelo de miles de familias, ayacuchanas en su mayoría, cuya prioridad es encontrar los restos de sus seres queridos.
También informó que se han encontrado 3 mil 144 restos humanos, de los cuales 1,668 han sido entregados a sus familiares para que les den cristiana sepultura.
Pérez Tello reveló, igualmente, que hay informes que señalan que en la zona del VRAEM hay más de 500 ashaninkas en cautiverio, cuya responsabilidad recae en las huestes del senderista José Quispe Palomino, que esclavizan a los indígenas varones y violan a las mujeres, a fin de que tengan hijos para engrosar sus tropas genocidas.
Destacó la labor humanitaria que cumple la Cruz Roja Internacional a favor de los deudos de las víctimas, a quienes les compra los pasajes para que puedan trasladarse y los ataúdes para que coloquen los restos de sus familiares desaparecidos.
Estas aseveraciones las hizo en el foro referido a la desaparición de niños, jóvenes, adultos y ancianos por la violencia, que se desarrolló en el Auditorio Alberto Andrade Carmona del Poder Legislativo, que fue colmado por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres.
Por su parte, el presidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política del Perú (CONAVIP), Luis Aronés Huallanca, urgió la necesidad de que el Gobierno emita una resolución suprema que faculte a los beneficiarios de la reparación educativa ceder ese derecho a uno de sus descendientes.
El representante del Comité de la Cruz Roja Internacional, Rafael Barrantes, manifestó que su institución es humanitaria y como tal cumple con dar apoyo a los deudos de las víctimas de la violencia.
Informó que recientemente se hizo un muestreo entre las familias afectadas que radican en los distintos distritos de Ayacucho, que dio como resultado que ellos preferían que se ubiquen los restos de sus familiares desaparecidos y después que se encuentren a los responsables de los crímenes perpetrados. (jon)

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