A fin de combatir a las organizaciones criminales que chantajean y extorsionan a la ciudadanía desde los centros penitenciarios, congresistas de diferentes bancadas exigieron a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, consolidar el sistema de bloqueadores de comunicaciones en todas las cárceles del país.

Exigieron la petición en la sesión que realizó la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside el congresista Salvador Heresi (PPK), a la cual asistió la integrante del gabinete ministerial, quien, entre otras cosas, indicó que al 28 de julio del 2017 estarán bloqueados tres penales a los dos adicionales, 14 centros penitenciarios serán bloqueados y a diciembre del 2018, 33 cárceles estarán totalmente bloqueadas a las unidades de comunicación telefónica.

Después de escuchar que hay 14 controversias en torno a la colocación de bloqueadores, el congresista Edwin Vergara (FP) recomendó a Pérez Tello que haga todo lo posible para que los penales de Lurigancho, Castro Castro, Piedras Gordas y otros centros penitenciarios de máxima seguridad.

Elías Rodríguez (CPA) manifestó que el problema de los bloqueadores viene desde el gobierno anterior pero fracasó, como en todos los proyectos que quiso concretar, pero la ministra Pérez Tello debe agotar sus esfuerzos para aislar a las cárceles desde donde chantajean y extorsionan a la gente, tal como se ha podido comprobar.

Las congresistas Alejandra Aramayo y Liliana Takayama (FP) también reclamaron por el hacinamiento y la mala alimentación que se distribuye a la población de los penales de Socavaya y Picsi, respetivamente.

La ministra de Justicia, en su exposición sobre el Plan Integral de Derechos Humanos 2017-2021, también informó que su sector ha logrado la transferencia de recursos equivalente a 2 millones 329 mil soles a favor del INPE para la atención de la población penitenciaria con TBC.

Anotó que durante el período 2013-2015 la TBC constituyó la primera causa de mortalidad de la población penitenciaria. Dijo que el tratamiento será oportuno para los enfermos de VIH/SIDA.

Informó que un total de 1,576 requisas al interior de los establecimientos penitenciarios con el decomiso celulares, PBC y marihuana. También indicó que 645 internos han sido trasladados a diferentes cárceles del país por medidas de seguridad. Dijo que se han ejecutado 53 traslados pasivos de internos extranjeros que han retornado a su país de origen a cumplir con el resto de su pena, así como se ha ejecutado 100 beneficios especiales de internos extranjeros y se han expulsado del país 43 internos extranjeros.

También detalló que el INPE diseña los términos de referencia del programa piloto de vigilancia electrónica personal. Agregó que el 20 de abril último se entregó la buena pro al postor Consorcio GEOSATIS S. A., DR MEXICO DE CV Y DR PERÚ SAC, el cual ofertó 389 mil 340 soles. Pero la empresa G4S presentó un recurso de impugnación el 27 de abril ante la OSCE contra el otorgamiento de la buena pro.

De otro lado, la Comisión de Justicia aprobó, por unanimidad, el dictamen del proyecto de ley que propone incorporar el literal f) al artículo 200 sobre extorsión del Decreto Legislativo 635 del Código Penal. Señala que la pena será no menor de 15 ni mayor de 25 años e inhabilitación conforme a los numerales 4 y 6 del artículo 36, si la violencia o amenaza es cometida con la finalidad de obtener el pago de créditos o préstamos otorgados fuera del sistema financiero, bajo cualquier modalidad.(JON)

PRENSA-CONGRESO