Por unanimidad, la comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó el dictamen de dos proyectos de ley que proponen una ley que tipifique las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional, en el marco de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República”.

            Fue en sesión que realizó el miércoles 19, en la sala Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo. También se propuso incorporar el artículo 46-A a la Ley 27785, Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la CGR, a fin de precisar las conductas infractoras como graves, o muy graves, en materia de responsabilidad administrativa funcional, sujetas a la potestad sancionadora de la Contraloría.

            En el debate la congresista Esther Saavedra estuvo a favor de todas las medidas para la lucha contra la corrupción «venga de donde venga, sin distinción de color político», dijo.

            Por su parte, la congresista Ana María Choquehuanca afirmó que desde el 2013 al 2016 la Contraloría General ha denunciado penalmente a 12 mil funcionarios por corrupción y más de 700 alcaldes. Por ello -dijo- es necesario apoyar la función sancionadora con un soporte mejor para frenar la corrupción.

            Luego del debate la propuesta fue aprobada con cargo a redacción.

INFORME

            Por su parte, el congresista Marco Miyashiro, como coordinador, expuso el  informe del Grupo de Trabajo encargado de investigar la presunta adquisición  irregular de 200 equipos de respiración autónoma, modelo Air Pak a la empresa  Firemed S.A.C, por el monto ascendente a 3 millones 95 mil 320 soles destinados al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú –CGBVP-.

            Con respecto a ello, dijo que la compra no se condice con la Ley de Contrataciones del Estado, y no configuraría el supuesto de situación de emergencia, advirtiéndose la existencia de un riesgo de incumplimiento de  lo señalado en la norma.

            Miyashiro señaló que se encontraron tres graves problemas en el proceso de contrataciones en cuestión. En cuanto a la contratación directa para la compra de los equipos de respiración autónoma, dijo que no se trató de una situación de emergencias, sino que es una situación que pudo ser evitada por la entidad. 

            «Las presuntas responsabilidades se adecuarían a una imputación por presunto delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible en favor de la empresa Firemed S.A.C por la compra del equipo valorizado en más de tres millones de soles», señaló.

            Afirmó  también que la Dirección General de Operaciones del CGBVP, como área usuaria, no solicitó como parte de las especificaciones técnicas que el equipamiento cuente con las certificaciones correspondientes.

            Agregó que se dio la conformidad de prestación a un equipamiento que no puede ser utilizado en  el control y extinción de incendios.

AL ARCHIVO

            En otro momento, fue decretado el archivamiento en dos propuestas, una de ellas  del proyecto de ley 277/2016-CR, que propone la ley que modifica el numeral 8.4 del artículo 8 de la Ley N° 30099, de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal; y el otro sobre el proyecto de ley 624/2016-CR, que propone la Ley de Tolerancia Cero contra la Corrupción en la Función Pública.

Y fue aprobado el dictamen de inhibición del proyecto de ley 945/2016-CR, que proponía una ley que prohíbe el contrato de servicios no Personales en puestos permanentes del Estado.

PRENSA-CONGRESO  

19-06-19