Congresistas de diversas bancadas exigieron la instalación de plantas de oxígeno medicinal en varias regiones del país para atender la demanda por el alto número de casos de coronavirus.

Fue el miércoles 12 durante la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el congresista Héctor Maquera Chávez (UPP).

Los integrantes de ese grupo de trabajo escucharon la sustentación del viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Bernardo Elvis Ostos Jara, sobre el contrato suscrito entre el ministerio de Salud y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para la construcción e implementación de plantas de oxígeno medicinal.

El parlamentario Jhosept Pérez Mimbela (APP) lamentó que a la fecha con tantas conciliaciones no se hayan tomado acciones inmediatas para poder atender la demanda de la población.

“En el Perú no hay oxígeno, eso es un crimen que se está cometiendo. Sabemos que la UNI tiene cuatro plantas ya listas para ser entregadas, pero desde marzo hasta la fecha no se ha entregado a las ciudades de Caraz, Puno, y Lima Norte”, indicó.

En la misma línea, el parlamentario Otto Guibovich Arteaga (AP) enfatizó que viene preparando un proyecto de ley que busca declarar en emergencia la planta de oxígeno como bien estratégico vital en estos momentos de emergencia sanitaria.

“El oxígeno es un bien estratégico vital. Sin embargo, cada alcalde está buscando la forma de comprar una planta y para eso se tiene que hacer un expediente técnico. Sin embargo, desde el Minsa no hay un estándar que detalle cuáles son los procedimientos para que los burgomaestres compren ese elemento sin que demoren semanas o meses. Tenemos que buscar inmediatez, porque estamos en una emergencia en el que a diario las personas viven un vía crucis”, sostuvo.

El legislador Robinson Gupioc Rios (PP) señaló que es necesario precisar los convenios entre la UNI y el Minsa, pues consideró que la casa de estudios universitarios no tiene fines de lucro.

Dijo que genera mucha suspicacia en cuanto a los costos y el gasto por las 47 plantas de oxígeno, toda vez, que los montos son mayores a lo que cuesta en el mercado.

En tanto, el legislador Marcos Pichilingue Gómez (FP) expresó su preocupación por la aplicación de las vacunas que se viene aplicando a las personas adultas mayores contra la COVID-19.

Indicó que hay más denuncias de parte de la población de que se vendría inyectando con jeringas vacías, quizás en aras de comercializarlas o darlas a algún familiar.

“Yo creo que de parte del Minsa debe haber un informe sobre el tema, tiene que haber un pronunciamiento inmediato, porque se tiene que sancionar a las personas responsables, porque se están haciendo actos ilegales. Esto es muy grave, se está haciendo un uso indebido de la vacuna para las personas de la tercera edad”, indicó.

Por su parte, el viceministro indicó que el 12 de marzo de este año, con oficio N.°180/2021, la UNI señaló que cumplirá con la entrega de las primeras 18 plantas en 25 días adicionales y respecto a las 29 restantes no podría cumplir con la entrega.

Precisa que, por incumplimiento de los compromisos estipulados en el convenio en este caso, la parte considera que se está incumpliendo el compromiso otorgando un plazo no menor de 5 días ni mayor de 8 días calendarios para que regularicen. Vencido dicho plazo sin que se produzca la regularización, la parte interesada dará por resuelto el convenio.

“La UNI ha enviado un documento que ha sido recibido ayer en la que comunica al Minsa que respecto de las cuatro plantas de oxígeno ya están listas para ser instaladas en Lima Metropolitana, en Áncash, Puno y Pasco”, manifestó.

El viceministro detalló que hoy a las 16:00 h se realizará el acto de conciliación en el que el Minsa se pronunciará mediante informe encontrando, donde señala que no existe ningún inconveniente para que la UNI proceda con la instalación de las plantas.

“Vamos a hacer el proceso de conciliación a fin de recibir de manera adecuada las 18 plantas de oxígeno. A ello se suman 4 plantas adicionales más haciendo un total de 22 que, en el marco de la conciliación, la UNI estaría entregando a nivel nacional”, precisó.

A la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría también se presentó María Jara Risco, presidenta del Consejo Ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), quien explicó la denuncia del ciudadano Eden Torres Espinoza, sobre el desmantelamiento de su vehículo, después de tres meses de internamiento por una infracción que no habría cometido.

GRUPO DE TRABAJO

La comisión también aprobó, por unanimidad, la conformación del grupo de trabajo para investigar el crimen organizado, relacionado al tráfico de terreno en la región Arequipa. El grupo será presidido por la congresista Rosario Paredes (AP) y la acompañarán los legisladores Wilmer Bajonero Olivas (AP) y Orlando Arapa Roque (NC).

Lima, 12 de mayo de 2021

PRENSA-CONGRESO